Es uno de los hombres de la inteligencia policial en la zona del conflicto mapuche. Hoy en la mira por la presunta adulteración de evidencias en la Operación Huracán, Marín Lazo tiene un historial de pruebas mal rendidas en juicios, declaraciones irregulares y el bochornoso episodio de Raúl Castro Antipán, el infiltrado de Carabineros en comunidades mapuche. El Desconcierto recopiló qué han dichos los tribunales de justicia sobre la labor del oficial de inteligencia y esto es lo que encontramos.
Por Francisco Parra / 02.02.2018 @frparrag
http://www.eldesconcierto.cl/2018/02/02/operacion-huracan-las-marcas-que-ha-dejado-el-mayor-patricio-marin-lazo-en-la-araucania/
El 5 de agosto de 2009, el jefe de Inteligencia de la Prefectura de Cautín, Patricio Marín Lazo, junto con el sargento segundo, Marco Gaete Truan -ambos miembros de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar)- lideraron el allanamiento a una casa en la comuna de Padre de Las Casas, donde encontraron una serie de municiones, explosivos y armamento de guerra.
Aseguraron que eran de propiedad de Luis Tralcal Quidel, un comunero mapuche que ha sido acusado de variados delitos y ha pasado más de 3 años de su vida en prisión preventiva, a pesar de que nunca ha sido condenado, hasta hoy.
Sentados en el estrado del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, los oficiales de Inteligencia aseguraron que la madre de Tralcal les confirmó que la pieza donde encontraron las armas era de Luis. El único problema es que la señora María Quidel Córdova había fallecido 25 años antes.*
Apenas apareció el nombre de Patricio Marín Lazo como uno de los investigados en la causa derivada de la Operación Huracán, que indaga en el presunto falseamiento de pruebas por parte de Carabineros para inculpar a ocho dirigentes mapuche en una serie de atentados incendiarios, se le recordó su pasado en La Araucanía.
Su nombre se volvió mediático a principios de esta década, cuando debió dar explicaciones como Jefe de Inteligencia de Carabineros en la zona por haber infiltrado a Raúl Castro Antipán en comunidades mapuche. Pero lo cierto es que la trayectoria de Marín va mucho más allá del bochornoso episodio con el joven estudiante, el que le terminaría costando su traslado de la Dipolcar de La Araucanía hasta Santiago.
El episodio con la difunta madre de Luis Tralcal es solo una de las labores realizadas por Marín Lazo que han sido criticadas por los tribunales a lo largo de los años. Jueces de Angol y Temuco han dado cuenta del cuestionado actuar del Jefe de Inteligencia de la zona, quien volvió al cargo en 2016 en medio de críticas a su nombramiento.
Hoy, por su rol en la fallida Operación Huracán, Patricio Marín Lazo vuelve a estar en el centro de la polémica.
“El procedimiento careció de prolijidad”
El curioso episodio con la señora Rosa Quidel tiene su origen en una causa por incendio terrorista y tenencia de armas que lideró la Fiscalía de Temuco y el Ministerio de Interior en contra de los comuneros mapuche Luis Tralcal Quidel y Mauricio Huaiquilao.
/ Luis Tralcal
Los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo -el mismo que hoy está querellado contra Carabineros- llevaron la investigación. Les atribuyeron la quema de la propiedad de Genaro Verdello en Llancamil, el incendio al fundo Santa Rosa -de propiedad de Eduardo Luchsinger y Olga León- y de amenazas contra el subdirector de la Conadi y la familia Luchsinger. Todos estos delitos agravados por la causal terrorista de la Ley N°18.314, la ley Antiterrorista.
La labor de Patricio Marín Lazo estuvo directamente relacionada al imputado Luis Tralcal Quidel. Después de tomarlo detenido en Santiago, la Dipolcar procedió a allanar otra casa en Padre de las Casas, supuestamente perteneciente al mismo comunero. Ahí se encontraron con una caja con 5 metros de mecha para explosivos, munición de guerra, 35 cartuchos para pistola de 9 ml, y 10 de 5.56 para fusil M16.
Los policías justificaron que la habitación donde encontraron el armamento pertenecía a Tralcal Quidel en base al supuesto testimonio de la madre. La defensa del mapuche tuvo que presentar su certificado de defunción: María Quidel Córdova falleció el 16 de marzo de 1984.
La casa ni siquiera era de Luis, sino que pertenecía a su hermana Rosa, en Lleupeco.
Pero eso no fue todo: El procedimiento liderado por la Inteligencia de Carabineros fue duramente cuestionado por los jueces de Temuco, pues no se dejó registro del funcionario policial que hizo el levantamiento de evidencias. “Esto hace pensar que el procedimiento policial realizado por los funcionarios Marco Gaete Truan y Patricio Marín careció de la prolijidad necesaria para realizar dicho tipo de diligencias”, opinaron los magistrados.
Tanto Luis Tralcal como Mauricio Huaquilao fueron absueltos del caso por falta de pruebas.
Bala intacta
El 12 de enero de 2009, un grupo indeterminado de personas irrumpió en el fundo San Leandro, de propiedad de la Sociedad Bretaña Ltda. Llegaron hasta la casa de José Caniupan Morales, obrero, quien residía en un inmueble dentro de la propiedad con toda su familia. “Dile a tu patrón que tiene que entregar la tierra, porque es tierra de indígenas”, declaró haber escuchado Flor Ortiz Linco, esposa de Caniupan. Todos los testigos del hecho eran mapuche.
El grupo quemó dos galpones, avaluados en $52 millones de pesos. Días después, un supuesto comunicado de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) reivindicaba el atentado contra el “latifundista usurpador Pablo Herdener”.
Los fiscales Luis Arroyo y Cristián Voulliemme acusaron a Miguel Tapia Huenelaf, Andrés Gutiérrez Coña, Ángel Reyes Cayupan, Elvis Millán Colicheu, Eliseo Ñirripil Cayupan, Jorge Cayupan Ñirripil y a Francisco Cayupan Ñirripirl de los hechos. Pidieron 40 años de presidio para cada uno.
Pero los problemas vinieron en el juicio, cuando las pruebas fueron cayéndose una a una. El capitán Héctor Carrasco Portiño, por ejemplo, terminaría reconociendo que no empadronó testigos ni trabajadores del lugar, que nunca comprobó la ruta de huida de los atacantes y que ni siquiera verificó si las huellas encontradas podían ser de las propias víctimas. En la misma línea, el carabinero que elaboró el informe sobre la ruta de huida, nunca estuvo en el sitio del suceso y solo lo hizo en base a las opiniones de terceros.
Uno de los puntos más llamativos se dio con la inclusión del testimonio de José Ortiz Linco -hermano de la víctima- a través de un “testigo de oídas”. Esta figura es una práctica común en los juicios que involucran a comuneros mapuche: funcionarios policiales que estuvieron presentes al momento de una declaración no registrada y que declaran en juicio sobre lo que dijo un tercero. La acusación en el caso Luchsinger Mackay, por ejemplo, se basa en gran parte en el testimonio de tres oficiales de la PDI que dicen haber escuchado la confesión de José Peralino.
Aquí el caso no es distinto. La funcionaria Lorena Muñoz Vidal (PDI) ofició de testigo de oídas de la “confesión” de Ortiz, quien habría reconocido participar en el atentado junto a otras 15 personas por “presión” de otros imputados. Consultada en estrado, la oficial fue incapaz de reconocer a Ortiz Linco.
Agencia UNO
A esta persona se la investigó en una causa por separado, fue beneficiada con medidas cautelares favorables e incluso se dio cuenta de que aparece como uno de los nuevos propietarios del fundo tras una compraventa. Pero la cuestión se vuelve más grave: el abogado Javier Jara, quien representó a Ortiz, declaró que su defendido reconoció “haber firmado papeles sin enterarse de su contenido por lo prometido por un fiscal, entendiendo que ello le permitiría salir en libertad”.
El tribunal terminaría descartando del todo la prueba -y derribando gran parte de la tesis del Ministerio Público- porque la declaración de Ortiz se dio sin derecho a defensa, “no respetando sus garantías mínimas”.
La otra parte de la polémica la protagonizó el conocido Patricio Marín Lazo, el Jefe de Inteligencia. El mayor llegó al sitio del suceso a las pocas horas junto a personal de Labocar. Hizo entrevistas y coordinó diligencias, elaborando desde ya una lista de 40 personas de posibles atacantes. Sin embargo, Marín no logra percatarse de una vaina de un proyectil que quedó en el lugar, a tan solo un metro de donde fue amenazada la familia y que quedaría consignada en un informe de Carabineros 9 horas después.
Ahí viene lo peor: Carabineros había encontrado un cartucho de una bala, el que fue ingresado como evidencia. La acusación aseguraba que ese disparo salió de un arma que poseía Miguel Tapia Huenulef. Pero un contra peritaje de la defensa -de mayor precisión y nivel técnico, según acreditaron los jueces- demostró que ese cartucho nunca había sido disparado y que se mantenía íntegro. Y para peor: el mismo contra peritaje de Francisco Ross dio cuenta que los expertos de Carabineros fracasaron en identificar el origen de otra prueba balística encontrada en el sitio del suceso, la que decían que era de elaboración argentina cuando en verdad era coreana. Esto “y otros indicios técnicos en la zona, le quitan todo el piso a la pericia oficial”, opinaron los jueces en el fallo.
Jorge González, Cecilia Subiabre y Luis Sarmiento terminaron por absolver a todos los imputados, criticando el hecho que prácticamente todos los peritajes del sitio del suceso fueron fuertemente cuestionados en el juicio. Además, la inclusión de varios testigos de oídas, cuyas versiones no se pudieron contrastar, resultaron “una seria deficiencia probatoria”. Esto sumado al hecho que los testigos directos no aportaron mucha información de los atacantes. Incluso se contradijeron en sus relatos.
Castro Antipán
Patricio Marín Lazo, como encargado de Inteligencia, fue quien siempre mantuvo contacto con Raul Castro Antipan. Desde el primer momento, cuando el joven intentó robar armamento de una base en Coyhaique en 2008 y Carabineros le propuso como salida infiltrarse en grupos mapuche e informar sobre ataques incendiarios.
Marín Lazo y Castro Antipán se reunían cada una o dos semanas. No hay registro de ninguno de esos encuentros. El estudiante de la UFRO, tomó -según su propia declaración ante el tribunal de Temuco- contacto con grupos de apoyo a la CAM y conoció a Matías Catrileo. De ahí pasó a ser parte de la organización y realizar ataques incendiarios.
Castro Antipán acusó a más de 30 personas de cometer, junto a él, atentados terroristas entre 2009 y 2011. Motivó prisiones preventivas que se alargaron hasta dos años en algunos casos, pero siempre terminó siendo él, el único condenado. Hasta el día de hoy, la única vez que mediante una verdad judicial se ha acreditado un actuar terrorista en La Araucanía es respecto a él, el joven al que le ofrecieron salir libre de la cárcel y tenerle un departamento en Temuco a cambió delatar a terceros. Esto, según sus propias declaraciones.
El uso de la figura del “delator compensado” con Castro Antipan muestra además cómo Carabineros y el Ministerio Público -instituciones hoy enfrentadas- trabajaron codo a codo durante años en las mediáticas causas judiciales contra dirigentes mapuche.
José Queipul Hueiquil, Sergio Catrilaf Marilef, Marco Millanao Mariñan, Luis Tralcal Quidal, José Tralcal Coche, Pedro Cheuque Aedo, Claudio Sánchez Blanco, Sergio Huinca Huinca, Ignacio Tralcal Lleuful, Pablo Canío Tralcal y Daniel Canío Tralcal fueron sindicados como autores -junto a Castro Antipan- del incendio a un Tur Bus el 28 julio de 2009 en la ruta 5-Sur.
La misma tarde de ese día invernal un comunicado firmado por la CAM llegó al correo de Radio Bío Bío adjudicándose el atentado. Lo escribió Raúl Castro Antipán y decía que el motivo era exigir el traspaso de terrenos usurpados por Jorge Luchsinger al Lof Lleupeco-Filkun.
Los oficiales Marco Gaete Truan y Patricio Marín Lazo -repetidos en todas las causas analizadas- llegaron esa misma madrugada al sector de Tres Cerros, donde los atacantes habían levantado barricadas para asegurar su huída. Marín Lazo declaró que Castro le comentó su participación en el atentado días después de lo ocurrido. Pero fue Gaete, su oficial de confianza, quien lo tiró al agua: En su testimonio ante los jueces, el hoy sargento segundo dice textualmente que fueron hacia el sector de Tres Cerros porque tenían “información de parte de un informante de donde iban a ocurrir los hechos”. La frase es clave: Carabineros habría estado en conocimiento previo del atentado.
El 15 de octubre, Patricio Marín Lazo lleva a Raúl Castro Antipán a declarar -y confesar- ante el fiscal Sergio Moya. Desde ese momento, pasó un año y medio sin que el estudiante fuera formalizado por la quema del Tur Bus. Finalmente fue condenado en un juicio abreviado.
Raúl Castro Antipán / Agencia Uno
La prueba contra los 11 comuneros mapuche se sostiene en el testimonio de Castro Antipán. Aún así se agregaron otros elementos, como unas escopetas encontradas en la casa de Sergio Catrilaf Marilef. Dicho allanamiento fue liderado -de nuevo- por Marín Lazo y Gaete Truan, quienes, al igual que en las otras causas, no se empadronaron testigos y ni siquiera buscaron huellas en las armas, las que en realidad estaban a 50 metros de la casa de Catrilaf. Por lo mismo, la prueba fue desechada por el tribunal.
Sergio Catrilaf es un histórico dirigente de su comunidad, la Juan Catrilaf II. Han logrado la recuperación del 90% del histórico territorio ancestral Lof Meküpülly, siempre por la vía de los acuerdos de compraventa a través de la Conadi. En la época en que se produjo el atentado, estaban cerrando el acuerdo de traspaso del fundo Santa Margarita, de propiedad del empresario Jorge Luchsinger.
Ahí, la Juan Catrilaf II ofició, a petición expresa del gobierno de turno, de intermediario, pues “prestó” la personalidad jurídica para que el terreno fuera traspasado al Lof Lleupeco Katrileo, la comunidad de Matías Catrileo. Este hecho puso a Sergio Catrilaf en la mira no solo en el juicio Tur Bus, sino que también en el Luchsinger Mackay, donde una de las pruebas de la Fiscalía es precisamente ese acuerdo.
Para el juicio Tur Bus, Conadi envió el mismo contrato de compraventa que ratifica la venta del predio Santa Margarita y del cual ninguno de los imputados fue el beneficiario directo. Esto, según el tribunal, desacreditó el supuesto comunicado de la CAM escrito por Castro Antipán.
El delator compensado fue objeto de duras críticas en el fallo. “La excluisiva declaración compensada per se no puede servir de prueba para condenar a un individuo; solo son antecedentes para que las polícias puedan averiguar los hechos y recabar otros medios probatorios para llevarlos a juicio”, dicen los jueces Gonzalo Garay, Oscar Viñuela y Jorge González.
Como no se presentaron más pruebas contra los acusado, todos fueron absueltos.
La misma historia se cuenta con un incendio en Victoria y el caso Peaje Quino, donde Castro Antipán delató a varios comuneros mapuche y terminó siendo el único condenado. Siempre, eso sí, con beneficios.
En Peaje Quino, la otra causa grande de la época, quedó con libertad vigilada. Ahí, el estudiante declaró que Víctor Queipul Millanao, José Millanao Millape, Juan Huenchillán Cayul, Camilo Toris Quiñinao, Felipe Huenchullán Cayul, José Queipul Hueiquil, Jorge Marimán Loncomilla, Ernesto Cayupan Meliñan, Juan Queipul Millanao y Luis Marileo Cariqueo fueron los autores del atentado que incendió el peaje del cruce Quino la madrugada del 11 de octubre de 2009.
Todos fueron detenidos el 16 de octubre y se mantuvieron en prisión hasta el año 2011, después de una extendida huelga de hambre que realizaron en diversas cárceles del sur del país.
Luis Marileo, de entonces 17 años, se encontraba en el colegio cuando se lo llevaron. Era la Escuela rural de Pailahueque, la misma que se convertiría más tarde en un cuartel policial. La misma a la que llegó ayer el general Bruno Villalobos para enfrentar, en terreno, la crisis que vive Carabineros derivada de la Operación Huracán. El actual director de la institución era -como Jefe de Inteligencia- el superior directo de Patricio Marín Lazo en la época en que se desarrollaron todos los hechos relatados en este reportaje.
/ Agencia Uno
Como Marileo y Juan Queipul eran menores de edad, se les separó de la causa de los adultos, bajo la argumentación de que no se les aplicaría la Ley Antiterrorista. Finalmente si se les juzgó bajo dicha legislación.
Los juicios del Peaje Quino fueron simples. La confabulación entre el delator compensado, Raúl Castro Antipán, y Carabineros ya estaba acreditada. Y como no se presentó ninguna otra prueba contra los acusados, todos fueron absueltos.
En el juicio a los menores, el tribunal de Angol fue particularmente crítico con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior -parte querellante- por insistir en la aplicación de la legislación terrorista contra menores de edad. Además, para esa época, ya se había cambiado la ley -después de las huelgas de hambre- y se prohibía expresamente su aplicación a menores de 18 años.
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