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GOBIERNO DE CHILE REPLICA A LOS MAPUCHE, LOS MONTAJES DE LA DICTADURA
"NOMINADA AL MEJOR MONTAJE DEL AÑO; UNA TORMENTA DE MENTIRA Y TERRORISMO"
La denuncia de falsificación de pruebas y montaje que la fiscalía expidió contra Carabineros, en el marco de la investigación conocida como Operación Huracán, tiene sumida a la institución policial en una profunda crisis con varias aristas.
Carabineros y la fiscalía, son dos instituciones que están destinadas a trabajar codo a codo en las investigaciones policiales y que ahora se enfrentan ante la acusación de montaje.
Para Huilcamán, la responsabilidad del Gobierno de Bachelet descansa en haber permitido en la Operación Huracán el uso de la Ley de Inteligencia, que regula a los organismos espionaje del Estado y de las Fuerzas Armadas y que es cuestionada por las atribuciones que otorga.
"En el montaje de la Operación Huracán hay una completa participación del Gobierno, ya que el Ministerio del Interior permitió muchas gestiones a través del uso de la Ley de Inteligencia", dijo el dirigente indígena.
También criticó al Ejecutivo por no haber destituido al director de Carabineros, Bruno Villalobos, después de haberse conocido la acusación.
"Lo correcto es que el Gobierno hubiera pedido la renuncia de Villalobos, pero ellos están dilatando el conflicto para no tener que darle solución ahora y poder trasmitirlo al próximo Gobierno (del presidente electo) Sebastián Piñera", que asumirá el 11 de marzo, aseguró Huilcamán.
Incluso la presidenta Bachelet está "omitiendo su responsabilidad institucional", pues "aquí ha fracasado tanto Carabineros como el Gobierno".
"En 2010 hubo dos casos en donde participaron las mismas personas de inteligencia de Carabineros, casos en donde hubo comuneros mapuches condenados, que son el ataque al peaje de Quepe (centro-sur) y el ataque al bus de la empresa Turbus en La Araucanía", comentó Huilcamán.
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por EL MOSTRADOR 15 febrero, 2018
El líder de la CAM criticó que "el gobierno no tiene la altura de miras de reconocer un error, porque las policías no se mandan solas, están bajo la orden constitucional del gobierno central".
Durante la tarde de este jueves el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se refirió al caso del montaje de pruebas por parte de Carabineros en la denominada Operación Huracán.
El comunero sobreseído de la investigación por el Juzgado de Garantía de Temuco, aseguró que lo ocurrido e solo "la punta del iceberg".
"Entre los poderes no hay diálogo de cómo abordar no sólo esta causa, porque ésta es solo la punta del iceberg de lo que está detrás", expresó. Asimismo, sostuvo que "toda esta operación se basa en la mensajería que se ha visto que ha sido implantada, se supone por personal de Carabineros".
En esa línea dijo que "aquí hubo detenciones sin los antecedentes suficientes, porque si analizan en materia jurídica, los antecedentes de mensajería no son suficiente, aun así si estos fueran implantados".
Asimismo aseguró que "el gobierno no tiene la altura de miras de reconocer un error, porque las policías no se mandan solas, están bajo la orden constitucional del gobierno central".
Finalmente Llaitul se refirió al capitán de Carabineros Leonardo Osses y su eventual participación en el montaje de pruebas, tal como reveló esta semana Ciper. Es por esto que el líder de la CAM manifestó que "el capitán Osses no es nuevo en operaciones de inteligencia. Es un funcionario acostumbrado a desarrollar montajes en el Wallmapu", indicó.
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Caso "Operación Huracán" será denunciado por mapuches sobreseídos en Corte Internacional
13.02.2018 “Estamos seguros que somos inocentes, por ello llegaremos a todas las instancias posibles, agotando los organismos judiciales nacionales y también internacionales” señaló Rodrigo Huenchullán.
La primera querella en el Juzgado de Garantía de Temuco fue presentada el pasado lunes. (UNO)
Hasta tribunales internacionales llegarán los comuneros mapuches que fueron sobreseídos en el caso Operación Huracán debido a la presunta manipulación de pruebas que se utilizaron para detenerlos y formalizarlos.
Fidel Tranamil, machi de la comunidad Lof Rofwe de Padre Las Casas, entregó la información a El Austral, él fue una de los diez investigados en el marco de esta causa después que se dieran a conocer mensajes de WhastsApp que habrían sido interceptados.
“Sí, se lo aseguro, iremos a instancias como la Corte Interamericana de DD.HH. porque es necesario que políticamente y judicialmente de manera internacional se sepa lo que está haciendo el Estado chileno contra nuestra gente. Hoy está claro el montaje y el Gobierno sigue avalando eso en la policía”, enfatizó Tranamil.
Esta seria una nueva medida tras la presentación de la querella en el Juzgado de Garantía de Temuco contra siete carabineros y “contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores” por los delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y delitos informáticos en relación a la manipulación de pruebas en contra de los imputados.
Acción legal presentada por los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur a nombre de Jaime Huenchullán y Rodrigo Huenchullán, junto a la defensa de Martín Curiche, Héctor Llaitul y Ernesto Llaitul, todos sobreseídos definitivamente el pasado viernes.
Huenchullán también se refirió a las futuras acciones legales que podrían adoptar los imputados.
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Héctor Llaitul sobre Operación Huracán: "Están comprometidas las más altas esferas del poder político"
15 de Febrero, 2018 - 21:31 Hrs.
También agregó que no conoce a la abogada Mónica Palma
El vocero y líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, visitó CNN Chile y conversó sobre la Operación Huracán y sus efectos.
Además, enfatizó en que el posible montaje viene desde los altos cargos políticos.
“Nosotros entendemos que esta es una operación política al más alto nivel. Están comprometidas las más altas esferas del poder político, en este caso desde el ministerio del Interior”, comentó Llaitul.
Además, añadió que el rol del fiscal naciona, Jorge Abbot, ha sido “tibio” y que la representación de la Fiscalía, como ente institución, ha sido más fuerte que el de Abbot debido a que algunos fiscales no solo se han confrontado sobre Carabineros, sino que también contra el gobierno.
Para más detalles, revisa el video adjunto: http://www.cnnchile.com/noticia/2018/02/15/hector-llaitul-sobre-operacion-huracan-estan-comprometidas-las-mas-altas-esferas
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Villalobos corta cabezas por Operación Huracán: llama a retiro a carabineros a cargo de la investigación y a informático creador de "Antorcha"
por EL MOSTRADOR 15 febrero, 2018
El general director de Carabineros intentó poner paños fríos a la pugna entre el organismo persecutor y la policía uniformada y aclaró que "este es un caso puntual que involucra a personal de una Fiscalía con personal nuestro de Carabineros de inteligencia, no es un problema de la institución, al contrario, es un caso que está focalizado en una investigación de las más de mil quinientas diligencias que hacemos a diario con el Ministerio Público". [ACTUALIZADA]
Durante la tarde de este jueves, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, rompió el silencio que había mantenido durante estas semanas, desde que se dieron a conocer las acusaciones de un montaje de pruebas por parte de la Dirección de Inteligencia de la institución, en el marco de la investigación que estaba realizando la Fiscalía en la Operación Huracán.
A través de un punto de prensa, Villalobos entregó su primera declaración frente al fracaso de la operación y anunció su decisión de llamar a retiro a carabineros a cargo de la investigación: al general Marcelo Teuber, al mayor Patricio Marín, al capitán Leonardo Osses y al informático encargado de crear el software "Antorcha", Álex Smith.
"Aquí tenemos una verdad administrativa y una verdad jurídica. Estos últimos días yo me he reunido con el general Pineda, y he realizado otras diligencias que me hacen tomar una dura decisión, pero creo que es necesaria para darles objetividad y transparencia a los procesos investigativos", señaló.
En esa misma línea, declaró que "he tomado la decisión de llamar a retiro al actual general Marcelo Teuber, hasta el año pasado jefe de la unidad de inteligencia de La Araucanía, además del mayor Marín y el capitán Osses y terminar el contrato con el empleado civil, el ingeniero Álex Smith".
Asimismo, el alto mando de Carabineros intentó poner paños fríos a la pugna entre el organismo persecutor y la policía uniformada y aclaró que "este es un caso puntual que involucra a personal de una Fiscalía con personal nuestro de Carabineros de inteligencia, no es un problema de la institución, al contrario, es un caso que está focalizado en una investigación de las más de mil quinientas diligencias que hacemos a diario con el Ministerio Público".
Respecto al Ejecutivo, el general director manifestó que "nosotros hemos hablando y recibí instrucciones del Gobierno de agilizar lo más posible todas las investigaciones que se están desarrollando para buscar la verdad lo más rápido posible", informó.
Además, señaló que la decisión de desvincular a estos funcionarios de Carabineros ya ha sido comunicada al ministro del Interior, Mario Fernández, "al cual le he entregado los pormenores y los fundamentos de estos hechos", detalló.
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Operación Huracán: remueven a general y dos oficiales por errores en peritajes
Autor: Víctor Rivera y Javiera Matus- Actualizado: 15 Feb 2018
EL GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS, BRUNO VILLALOBOS, AYER EN LA ESCUELA DE LA INSTITUCIÓN. FOTO: SEBASTIÁN BROGCA
El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, llamó a retiro a los funcionarios policiales y terminó contrato del creador de “Antorcha”. Esto, en el marco del sumario administrativo de la institución.
Un día después de que el gobierno decidiera presentar una querella por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público por la posible manipulación de pruebas en la Operación Huracán, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, entraba a la escuela de la institución con una finalidad: dar a conocer los primeros resultados del sumario contra los oficiales de Inteligencia de la Región de La Araucanía. El saldo, un general, un mayor, un capitán y un civil fueron desvinculados de sus funciones.
La decisión del general Villalobos se dio en una semana convulsionada en torno al caso, en que el Ministerio Público acusa a funcionarios policiales de insertar pruebas falsas en los teléfonos celulares de ocho comuneros mapuches.
El lunes el gobierno anunció que apelaría el cierre de la investigación por la apelación anunciada por el Ejecutivo fue tomada como un “espaldarazo” de La Moneda a Carabineros. Sin embargo, el martes un reportaje de Ciper cambió el escenario: ahí se dio a conocer un correo entre el capitán Leonardo Osses, miembro de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIEO) de La Araucanía, y Álex Smith, “El Profesor”, y creador de la aplicación “Antorcha”, herramienta que permitía la intervención de la mensajería por WhatsApp de los imputados en Huracán.
En el correo electrónico se daba cuenta de un texto en formato “txt” con las conversaciones entre el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y el resto de los detenidos, donde supuestamente hablaban de futuros atentados y de financiamiento a ataques incendiarios.
Al día siguiente de la publicación, La Moneda dio un giro en su estrategia judicial, y se querelló contra todos los que resulten responsables de esos ilícitos que fueron calificados en el libelo del Ejecutivo como “consumados”. En ese escrito, los abogados de Interior pidieron una serie de diligencias, entre ellas, que se realizara un peritaje por un organismo “imparcial” para que verifique las acusaciones del Ministerio Público en la manipulación de antecedentes.
La acción del gobierno generó incomodidad en los mandos medios y bajos de Carabineros, dado que, según fuentes institucionales y de la investigación del Ministerio Público, con esta acción judicial se comenzaba a diseñar un panorama donde se “dejaría caer” a los funcionarios de más bajo rango.
El sumario
Mientras el panorama judicial del caso avanzaba, en la investigación interna de la policía uniformada, a cargo del subdirector de la institución, el general Julio Pineda, se realizaban los últimos peritajes en torno a la labor de los jefes de la UIEO.
La idea inicial contemplaba que Pineda se quedara en la IX Región hasta el viernes, donde tenía agendada la toma de declaración de algunos funcionarios y también de fiscales (aunque fuentes de la investigación señalaron que la intención de los persecutores era no asistir a esta diligencia interna de Carabineros).
Sin embargo, el miércoles Pineda cambió de planes y viajó hasta Santiago para informarle al general Villalobos sobre los últimos antecedentes detectados en el sumario.
Según fuentes de la investigación interna de Carabineros, Pineda detectó que el general Marcelo Teuber, el mayor Patricio Marín, el capitán Leonardo Osses y Álex Smith habrían cometido una serie de errores de procedimiento al momento de llevar a cabo los peritajes. Hasta ahora, señalaron las mismas fuentes, no se ha acreditado la supuesta manipulación intencional de antecedentes.
En su conferencia de prensa, el general Villalobos explicó que “en estos últimos días me he reunido con el general Pineda, a cargo de la investigación administrativa, y he realizado otras diligencias que me hacen tomar una dura decisión, pero creo que es necesaria para darles objetividad y transparencia a los procesos administrativos. Todo esto dentro del debido proceso a cada uno de los afectados, razón por la cual he tomado la decisión de llamar a retiro al general Marcelo Teuber, hasta el año pasado jefe de la Unidad de Inteligencia de La Araucanía, además del mayor Marín, el capitán Osses y terminar el contrato como empleado civil que tenía con nosotros el ingeniero Álex Smith”.
De acuerdo a lo señalado por Villalobos, la decisión se basó en “dar transparencia y objetividad a los hechos investigados en la parte administrativa. No estoy hablando de manipulación, eso lo tendrá que dar la verdad jurídica o judicial. Espero tomar las resoluciones que haya que tomar en un futuro”.
Razones
Fuentes de la institución señalaron que la remoción de los uniformados, y también la del ingeniero, se daban por la supuesta falta de “rigurosidad de procedimiento” en la elaboración de las pruebas que se presentaron en la Operación Huracán. Además, hubo una constatación de desprolijidades en la obtención de información, extracción, procesamiento y análisis de la información. También hubo fallas en la cadena de custodia de las evidencias. Asimismo, la razón por la que el general Teuber pasó a retiro fue porque validó, cuando estaba a cargo de la unidad, estos peritajes.
Por ahora, el sumario no ha terminado, y según aseguraron las mismas fuentes consultadas, faltan peritajes por hacer, como poder tener acceso a los celulares incautados por la fiscalía, conocer los informes que elaboró la Uldecco de la Fiscalía Nacional, y también conocer el informe que aún prepara el FBI.
¿Podría haber más bajas? “Todo puede ser”, explicaron las fuentes de la investigación interna de la policía uniformada.
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Operación Huracán: Villalobos da de baja a tres oficiales y a creador de “Antorcha” acusados de manipulación de pruebas
Esta tarde el General de Carabineros informó la desvinculación del actual general Marcelo Teuber, que hasta el año pasado oficiaba como jefe de la Unidad de Inteligencia de La Araucanía. Además del mayor Patricio Marín, el capitán Leonardo Osses y al creador de "Antorcha", Álex Smith.
Por El Desconcierto / 15.02.2018 @eldesconcierto
Este jueves el general de Carabineros, Bruno Villalobos, se refirió a la investigación de la Operación Huracán que en las últimas semanas se ha centrado en la supuesta manipulación de pruebas de parte de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), que hoy además cuentan con una querella en su contra por parte de los comuneros mapuches que fueron absueltos.
En conferencia de prensa, dio a conocer que removería del cargo a tres oficiales de inteligencia y al creador de “Antorcha”. Todo esto antes de que termine el sumario contra los supuestos implicados.
“He tomado la decisión de llamar a retiro al actual general Marcelo Teuber, hasta el año pasado jefe de la Unidad de Inteligencia de La Araucanía. Además del mayor Patricio Marín y el capitán Leonardo Osses. Y terminar el contrato con el civil o CPR que tenía con nosotros el ingeniero Álex Smith”, manifestó a los medios.
Según la autoridad, esta decisión fue tomada luego de una reunión con el general Pineda, uniformado a cargo de la investigación administrativa . Esto lo habría llevado a “tomar una dura decisión, pero creo que es necesaria para darle objetividad y transparencia a los procesos investigativos. Todo esto dentro del debido proceso que cada uno de los afectados tiene”.
Durante la jornada deberían concretarse los trámites administrativos para hacer oficial la desvinculación de los tres carabineros y del civil creador del software “Antorcha”, Álex Smith.
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Autor: La Tercera- Actualizado: 16 Feb 2018
CAPTURA DE PANTALLA T13
El denominado profesor Álex Smith señaló que su aplicación no tiene la capacidad de modificar conversaciones. Además, manifestó que pone las manos al fuego por los funcionarios de Inteligencia de la institución uniformada.
Luego de que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, anunciara ayer que cuatro miembros de la institución habían sido desvinculados, uno de los afectados, el profesor Álex Smith, aseguró que su salida del organismo se debió a presiones.
El creador del programa “Antorcha”, con el cual se habría logrado interceptar la mensajería de los celulares de los ocho comuneros mapuches imputados en una primera instancia por la Operación Huracán, conversó con T13 donde manifestó estar tranquilo tras su salida de la institución. “Quedé como helado, no me lo esperaba, pero a medida que transcurrieron las horas lo asumí”, señaló.
Sobre su aplicación, Smith insistió que sí funciona y que “no modifica conversaciones, extrae nada más, por lo tanto no modificamos nada de lo que se saca en los reportes de esta aplicación”.
En este sentido, manifestó que pese a esto, su salida se debió a “presiones mediáticas y políticas”.
Por otra parte, añadió que “pongo las manos al fuego por la institución y por todas las personas con las que trabajé”.
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Comuneros involucrados en el caso piden que La Moneda asuma la responsabilidad política
La jugada de Villalobos para frenar esquirlas de Operación Huracán y no tocar al alto mando de Carabineros
por MACARENA SEGOVIA Y FELIPE SALEH 16 febrero, 2018
Ha sido una semana agitada en La Moneda, el cambio de giro en una estrategia que defendió férreamente la labor de Carabineros fue modificada y hasta se interpuso una querella en contra de los responsables por la manipulación de pruebas en la Operación Huracán.
Es en este contexto que el general Villalobos llamó a retiro a los funcionarios involucrados en la operación, pero que ejercían funciones en La Araucanía, sin tocar a los altos mandos –entre estos, al general Gonzalo Blu, que es el jefe nacional de inteligencia y que abrió los primeros fuegos en contra del Ministerio Público–, una jugada que es criticada desde distintos sectores políticos, incluida la Nueva Mayoría.
Esta semana La Moneda corría contrarreloj, las esquirlas de la Operación Huracán debían ser controladas antes de que la Presidenta Michelle Bachelet volviera de sus vacaciones, esto con el fin de terminar en los mejores términos posibles el segundo mandato de la Presidenta. Tarea compleja, más aún cuando el fuego cruzado entre el Ministerio Público y Carabineros no lograba ser apagado yempañó, una vez más, el antes “pasivo” mes de febrero.
Es en el marco de esta nueva estrategia, que apuntaría directamente a acotar las responsabilidades en las autoridades de la policía uniformada y de la Fiscalía en la zona, que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, anunció el “llamado a retiro” del general Marcelo Teuber, el mayor Patricio Marín, el capitán Leonardo Osses, además de la desvinculación del informático y creador del software“Antorcha”, Álex Smith.
Todos involucrados en la Operación Huracán y que cumplían funciones en la denominada “macrozona” del conflicto Mapuche. La decisión se enmarcaría, según Villalobos, en una orden emanada desde La Moneda y habría sido conocida con anterioridad por el ministro del Interior, Mario Fernández.
Aunque Villalobos aseguró que esta decisión respondía a la investigación llevada adelante por el general Julio Pineda, agregó que es una respuesta “administrativa”, haciendo hincapié en que la investigación judicial corre por un carril distinto, "aquí tenemos una verdad administrativa y una verdad jurídica”, indicó. El alto mando institucional intentó poner paños fríos a la pugna que mantienen con el organismo persecutor y acotó que "este es un caso puntual que involucra a personal de una Fiscalía con personal nuestro de Carabineros de inteligencia, no es un problema de la institución, al contrario, es un caso que está focalizado en una investigación de las más de mil quinientas diligencias que hacemos a diario con el Ministerio Público".
Una jugada que se enmarca en una estrategia completamente distinta, desde el Ministerio del Interior y Carabineros, a la adoptada las semanas anteriores por la Operación Huracán. Por un lado, se intentó mover el foco de conflicto hacia Santiago; la solicitud la había realizado Marisa Navarrete, abogada de siete carabineros involucrados en el caso. Petición a la cual la Fiscalía se había mostrado contraria, alegando que los hechos investigados ocurrieron en La Araucanía. Pero la tarde de este jueves el Tribunal de Garantía de Temuco se declaró competente para conocer la causa por presunto montaje de pruebas en el marco de la Operación Huracán.
Un revés que también afectaría a La Moneda, toda vez que durante la semana el vocero de Gobierno (s), Omar Jara, señaló que se necesitaba un organismo "imparcial y suficientemente calificado" que realice los peritajes para dirimir la controversia entre Carabineros y la Fiscalía. Esto, luego que el Ministerio del Interior interviniera directamente en el ámbito judicial de la Operación Huracán y anunciara la apelación al sobreseimiento de la causa, además de presentar un recurso de queja en contra de Juzgado de Garantía que había sellado la misma. Además de anunciar que harían “una presentación ante el Fiscal Nacional Jorge Abbott, sobre las situaciones acaecidas en la tramitación de este asunto".
Para poder calmar los ánimos entre Carabineros y el Ministerio Público, y durante la misma semana en que el general Julio Pineda daba un cierre parcial a la investigación interna que llevaba en Carabineros, el Gobierno presentó una querella en contra de quienes resulten responsables de la presunta manipulación de pruebas, en el marco de la cuestionada operación. Una señal que fue bien vista desde el sector de la Fiscalía. Además, este jueves, el abogado de la cartera del Interior, Matías Moya, sostuvo –en una entrevista en el diario La Segunda– que "está claro que los informes (de Carabineros) tendrían anomalías". Pero Moya también se dirigió al órgano persecutor y calificó de "incomprensible" la actitud de los fiscales involucrados en el caso, al tiempo que criticó la decisión de decretar secreto sobre todos los antecedentes. Igualmente denunció que la carpeta que recibieron estaba incompleta.
Guillotina sin altos mandos
Uno de los nombres que se esperaba que fuera llamado a retiro es el de quien encabeza la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), general inspector Gonzalo Blu. Uno de los principales defensores de la Operación Huracán, y que apuntó directamente al Ministerio Público. "El Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar miedo”, indicó Blu a fines de enero, cuando anunció un sumario interno en la policía uniformada.
Pero fue más allá y señaló que "nosotros mantenemos inalterable la convicción respecto de la seriedad de los antecedentes que involucran a los imputados. Más aún, y como fruto de la investigación, han aparecido otros implicados, como ayudistas, encubridores y financistas".
Las críticas a esta falta de responsabilidades de parte de la alta dirección de Carabineros, vino desde el mismo oficialismo: el diputado Leonardo Soto (PS). El parlamentario hizo hincapié respecto a si “la responsabilidad llega solo” hasta los funcionarios llamados a retiro, y puso énfasis en por qué “¿el Jefe de la Dipolcar (Gonzalo Blu), que acusó a Ministerio Público, se mantiene. Bruno Villalobos le debe una explicación inmensa al país”, arremetió.
Los llamados a retiro
Sin lugar a dudas, “La Moneda y Carabineros quieren reducir el conflicto al territorio de La Araucanía”, indicó un parlamentario de la zona, lo que quedó en evidencia en la función que cumplieron los funcionarios llamados a retiro por parte de Villalobos.
El oficial de más alto rango que salió de la institución –como se indicó– es el general Marcelo Teuber.Hasta hace poco, era el coronel a cargo de la U.I.O.E de Temuco, una unidad nueva en la institución, creada por Villalobos y encargada de abordar “de manera especial” los atentados que ocurren en la macrozona definida como “en conflicto”, que incluye a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. En la prensa se destacó que, tras la realización de la Operación Huracán, ya se habría logrado frustrar tres ataques incendiarios, mientras era dirigida por Gonzalo Blu. En enero de este año, Teuber fue ascendido a general, debido al “éxito” de la señalada operación.
Otro de los funcionarios llamados a retiro es el mayor Patricio Marín, miembro de la unidad de inteligencia de Carabineros, especializada en la zona. Específicamente en la Operación Huracán, fue miembro del equipo de peritos de inteligencia que habría extraído la información de la evidencia incautada en los operativos. Marín es quien habría recibido los primeros cuestionamientos a los datos recabados. Uno de los persecutores que dio testimonio en la investigación, aseveró que le señaló a Marín que en su experiencia “de perito, ese archivo .txt no corresponde a un archivo de WhatsApp”, a lo que el mayor le habría contestado que “estaba en el teléfono”. Además, Patricio Marín contaría con un cuestionado historial de pruebas en distintas causas en La Araucanía, que irían desde declaraciones irregulares hasta el recordado caso del infiltrado de Carabineros en comunidades mapuche, Raúl Castro Antipán.
Finalmente se encuentra el capitán y jefe de inteligencia de Malleco, Leonardo Osses Sandoval, acusado por manipulación de evidencias en el caso que lleva el fiscal Luis Arroyo, y que además habría tenido un intercambio de correos con Álex Smith, creador de la aplicación “Antorcha”, que también fue desvinculado de la institución.
Según una publicación de Ciper, Osses habría enviado el mismo día de la incautación de pruebas en la Operación Huracán distintos archivos con conversaciones entre Héctor Llaitul, líder de la CAM, y otros comuneros implicados en la causa. Una prueba que habría sido clave, según cercanos a La Moneda, para que se desatara una nueva estrategia, con el fin de poner un cortafuegos a las esquirlas que ha dejado la controvertida operación.
Cortando por el hilo más fino
El llamado a retiro de estos funcionarios es a todas luces “insuficiente”, plantean parlamentarios del Frente Amplio, del oficialismo y los propios comuneros involucrados en la Operación Huracán.
Durante la tarde de este jueves, Héctor Llaitul, líder de la CAM, detenido en el marco de la Operación Huracán, recalcó que “las policías no se mandan solas” y, en tal sentido, añadió que “el Gobierno no tiene la seriedad ni la altura de miras de reconocer un error”. Por otra parte, desde el Frente Amplio, la diputada electa Gael Yeomans (IL), quien había solicitado la remoción del general director de Carabineros, afirmó que esta señal no les “parece que sea suficiente. No hay ningún gesto político que vaya dirigido a asumir responsabilidades políticas, por eso pedimos la renuncia del general Villalobos y que Mahmud Aleuy asumiera su responsabilidades. Lo que se da hasta ahora es tratar de cortar por el hilo delgado, sin asumir responsabilidades políticas, ni de los altos mandos de Carabineros”, apuntó.
Desde el oficialismo, el diputado Leonardo Soto indicó que “es positivo que por primera vez, en varias semanas, Carabineros de Chile reconozca, a través de esta decisión, que hay irregularidades en el trabajo de inteligencia desarrollado en torno a la denominada Operación Huracán”, y recalca que “es siempre sano que se aplique el principio de responsabilidad en el mando. Ahora bien, me parece igual insuficiente”.
Soto agregó que es preocupante que “no se den mayores explicaciones de qué hicieron o no hicieron estos funcionarios y de dónde surge su responsabilidad y los incumplimientos a sus deberes policiales (...). No sabemos nada”. Finalmente, señaló que “la pregunta que nos hacemos es por qué la responsabilidad llega solo a ese nivel y no se extiende al general Gonzalo Blu, que es el jefe nacional de inteligencia, que avaló el trabajo de Teuber y este grupo de oficiales. Y no tan solo eso, sino que a través de sus declaraciones inició el enfrentamiento entre Carabineros y el Ministerio Público. Resulta incomprensible que la responsabilidad llegue a este nivel y no se extienda al general Gonzalo Blu”, recalcó.
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Abogado de Llaitul: O. Huracán es el montaje más rasca desde el regreso a la democracia
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Este jueves, Hector Llaitul y su abogado Rodrigo Roman dieron una conferencia de prensa, en donde abordaron la indagatoria de la denominada “Operación Huracán”. Este último criticó duramente la gestión de Michelle Bachelet, catalogando toda esta situación como el “Huracán Michelle”, el “montaje más rasca desde la vuelta a la democracia”.
A juicio de Roman, desde que se inició la acusación penal en contra de los acusados “hemos sido testigos de un mar de contradicciones, de una verdadera comedia” en donde a su juicio, ni el Estado, Carabineros ni la Fiscalía son capaces de ponerse de acuerdo para poder aclarar los hechos.
Si bien actualmente las principales críticas están apuntadas hacia la policía uniformada, según Roman “la fiscalía no es una blanca paloma. Aparecen limpiando su imagen, como grandes defensores de derechos y eso no es así (…) ellos saben que no hay delito, ellos saben que no hay participación” pero si no se sobresee definitivamente este caso, es porque aseguró, “existen presiones políticas”.
Pero no sólo eso, sino también apuntó sus dardos en contra de la gestión de la presidenta Bachelet -a quién tildó de “la inmaculada”- y a Carabineros.
“El Gobierno dice una cosa y hace otra” puntualizó, junto con afirmar que “si no viviéramos en un país tan chileno como el nuestro, aquí habría renunciado un ministro de Estado o un alto mando de Carabineros, pero acá no pasa nada“.
“Aquí lo único que falta es que salga la inmaculada presidenta a decir que se enteró por la prensa de todo esto. Muy probablemente va a salir Bachelet en los próximos días a decir “me enteré por la prensa” mientras se estaba bañando en Caburgua con Piñera en el lago, eso sería la guinda de la torta de esta comedia”.
Para finalizar, hizo una referencia a lo sucedido en Estados Unidos, donde a cada huracán que azota el país “se le pone un nombre”. En ese sentido y por todas las inconsistencias del caso afirmó que “este es el huracán Michelle, a no ser que la presidenta se entere por la prensa de lo que pasa en su Gobierno, lo cual no es”.
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Aucan Huilcamán: “El montaje de Carabineros atenta al sistema democrático”
Nicolás Massai D.-Lunes 12 de febrero 2018 9:56 hrs.
El sobreseimiento de los comuneros mapuche en la llamada Operación Huracán provocó la preocupación de distintos actores de la opinión pública, respecto del rol y la transparencia con la que actúa el Ministerio Público y sobre todo la institución de Carabineros.
Aucán Huilcamán, encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas Las Tierras, afirmó que los resultados evidencian que el “Estado chileno y todos los gobiernos han fracasado en su relación con el pueblo mapuche”.
Además, agregó que “instituciones internacionales como Naciones Unidas ya han recomendado medidas reparatorias y de diálogo que todavía no se han implementado”.
En ese sentido, condenó el modus operandi que han utilizado todos los gobiernos que han pasado por La Moneda. “La doctrina de la negación del pueblo mapuche, la domesticación y el colonialismo que han implementado los gobiernos han fracasado absolutamente. A partir de este hecho, los mapuches tenemos que transitar por el derecho a la libre determinación en la conformación de un autogobierno al más breve plazo y seguir reforzando la restitución de las tierras usurpadas”, dijo.
El histórico dirigente dijo que con este escenario se volvería más difícil retomar un diálogo “abierto y sincero” con el Ejecutivo. Asimismo, acusó al Gobierno de ser capaz de “consentir un montaje extremadamente grave, lo que evidencia que le mintieron al país”.
En ese contexto, además de apuntar a la Presidenta Michelle Bachelet, recalcó que “llama poderosamente la atención que los partidos de la Nueva Mayoría no defiendan la democracia, porque el montaje de Carabineros en contra de los mapuches es un atentado al sistema democrático y es contrario al respeto a los Derechos Humanos. Además, ha demostrado que la permanencia del general Bruno Villalobos y la falta de acción penal en contra de los ejecutores del montaje cuentan con la solidaridad y la complicidad del gobierno de la Nueva Mayoría”.
Por último, Aucán Huilcamán afirmó que es “inentendible que la Presidenta Bachelet tome descanso de vacaciones en Caburgua, tierras mapuches, que fueron objeto de despojo, y al mismo tiempo en su Gobierno las instituciones hayan hecho un montaje tan grave desde el punto de vista político y jurídico”.
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Operación Huracán: “Vamos a presentar una demanda civil en contra de Carabineros y del Fisco”
Manuela Royo, abogada de Martín Curiche, uno de los ocho comuneros involucrados en el caso, adelanta que la acción se sumará a la querella criminal presentada contra siete funcionarios policiales. Esto, mientras el Gobierno intenta revertir su derrota en tribunales y el fiscal Carlos Palma asume las diez investigaciones en torno a los hechos.
Martín Espinoza C. - Lunes 12 de febrero 2018 19:50 hrs.
Las secuelas de la llamada Operación Huracán están lejos de apagarse. Luego que el Juzgado de Garantía de Temuco cerrara la investigación y sobreseyera a los comuneros mapuches imputados por el caso, los abogados de éstos respondieron de inmediato en tribunales.
Este lunes, los representantes de Martín Curiche, Jaime y Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil y Héctor y Ernesto Llaitul presentaron una querella en contra de siete carabineros y todos quienes resulten responsables por los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la justicia y fraude informático.
Manuela Royo, abogada de Martín Curiche, explicó a Radio Universidad de Chile que la acción judicial se funda en “información que apareció de la misma Fiscalía, en la cual se da cuenta de que se manipuló información de evidencia en el marco de la Operación Huracán”.
“A nuestros representados, y a Martín (Curiche) en particular, se les implantó mensajería dentro de su teléfono. Se implantaron conversaciones telefónicas que lo inculparían de un delito que no se corresponde con la realidad y estamos esperando adherirnos a la querella que ya presentó Fiscalía. Este martes deberían ser formalizados los carabineros”, dijo.
Asimismo, la jurista adelantó que también se presentará una acción civil en contra de Carabineros, por los perjuicios que el caso ocasionó a los comuneros mapuches: “Son instancias distintas. La responsabilidad penal dice relación con los delitos cometidos, pero ello no es excluyente con una demanda civil que obviamente vamos a presentar en contra de Carabineros y del Fisco por la responsabilidad y el daño moral y patrimonial que representaron estos hechos en contra de mi representado”, señaló.
¿Cuándo se pretende presentar esa querella?
Cuando quede firme el sobreseimiento. La Fiscalía ya señaló que iba a apelar y estamos esperando eso para ver qué sucede.
¿Quiénes son estos siete carabineros? ¿Son ellos los únicos responsables?
Ellos trabajan en la Unidad de Inteligencia de Carabineros. Son quienes levantaron esta información y realizaron informes que fueron presentados ante la Corte de Apelaciones, ante Fiscalía y el Tribunal que imputaban a mi representado y a las otras personas de distintos delitos. Ellos presentaron los informes, ellos manipularon la información y son, por tanto, responsables de estos ilícitos.
Los nombres, entonces, ¿se sacaron de las carpetas de investigación?
Hoy se presentó la querella. ¿Qué se espera para los próximos días?
¿Por qué se quiere llevar la causa a Santiago?
Lo que pasa es que la abogada de los carabineros es la esposa del fiscal Emiliano Arias. Nos señalan que él fue sumariado por Cristián Paredes, Fiscal Regional de Temuco. Creemos que existen intereses personales para que lo investigue una fiscalía en Santiago.Álex Smith, conocido como “El profesor”, ha defendido en diferentes medios de comunicación la aplicación Antorcha y reafirmó su confianza en Carabineros. ¿Qué le parecieron sus declaraciones?
Los medios han jugado un rol dentro de la Operación Huracán. ¿Cuál cree que ha sido la orientación de ese papel?
Podemos ver cómo desde el principio de esta causa, como en cualquier causa en donde existen imputados mapuches, los medios de comunicación, en particular Canal 13, han condenado con anticipación a las personas, divulgando información y aseverando la existencia de este tipo de ilícitos. Sin embargo, no realizan ningún tipo de filtro. En ningún momento recuerdan la presunción de inocencia ni respetan la identidad ni privacidad de las personas. Esos son derechos fundamentales, por lo tanto, creemos que hay un rol importante en los medios.
La entrevista que Canal 13 hizo a Smith, ¿forma parte de esta suerte de ofensiva en contra del pueblo mapuche?
Es parte de un sensacionalismo. Es una entrevista hecha de una forma muy superficial, sin conocimientos técnicos. Lo entrevistó un periodista (Emilio Sutherland) que tiene programas de persecución de delincuentes, entonces hay muchos sensacionalismo ahí. Lo importante es llegar al fondo de la verdad y respetar los derechos de las personas. Recordemos esa entrevista de Informe Especial, en donde Paulina Allende asevera que existían lazos entre mapuches argentinos y chilenos, increpando a ciertas personas, afirmando situaciones que eran falsas. En esto existe responsabilidad de todos los medios de comunicación.
La ofensiva del Gobierno
El fallo del pasado viernes fue una dura derrota para el Gobierno, que a través de la Intendencia de La Araucanía había solicitado al tribunal que se reabriera la investigación.
Ante esto, el ministerio del Interior anunció que presentará un recurso de queja y que apelará al sobreseimiento definitivo.
A través de un comunicado, el Ejecutivo señaló también que decidió “hacer una presentación ante el señor Fiscal Nacional, don Jorge Abbott Charme, sobre las situaciones acaecidas en la tramitación de este asunto”.
Fiscal Palma asume todas las causas
Finalmente, el Ministerio Público decidió también que todas las investigaciones en torno a la Operación Huracán serán indagadas por el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma.
“Con ello, la causa que había iniciado en diciembre pasado el Fiscal Regional de La Araucanía, Cristián Paredes, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, quedó ahora en manos de Palma, quien agrupa así diez indagatorias penales relacionadas con el caso”, informó un comunicado de la entidad.
El Ministerio Público añadió que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, desestimó abrir una investigación administrativa contra el fiscal Paredes, lo que había sido solicitado por la defensa de algunos de los funcionarios de Carabineros que son investigados por la eventual manipulación de pruebas.
Para Abbott, Esto, “las opiniones que emitió el fiscal Paredes respecto del caso fueron hechas solo una vez que cerró la indagatoria a su cargo y habiendo adoptado la decisión de no perseverar en ella, lo que se ajusta al marco de actuación institucional”, detalló el comunicado.
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Héctor Llaitul, líder de la CAM: "La Operación Huracán se cae a pedazos"
La tarde de este jueves, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, realizó una conferencia de prensa para referirse a la fallida Operación Huracán, luego de ser sobreseído el pasado viernes.
Llaitul –acompañado por su abogado defensor, Rodrigo Román– señaló que en la cuestionada operación de Carabineros existe participación directa de personeros de Gobierno.
Asimismo afirmó que “la Operación Huracán se cae a pedazos“, argumentando esto con tres hitos del caso: el dictamen de la Corte de Apelaciones de Temuco, que el 19 de octubre ordenó dejar en libertad a los 8 detenidos en el marco de la Operación lo que a su juicio es relevante, porque el Poder Judicial no se estaría prestando para una operación de inteligencia de ese tipo.
Por otro lado está el hecho de que el pasado viernes los 8 comuneros detenidos fueron sobreseídos de manera definitiva por el tribunal de Temuco.
Llaitul además señaló que durante este proceso, se realizaron allanamientos, detenciones, procesamientos, y no se encontraron pruebas contundentes.
Así recordó que toda la operación se sustentaba en la mensajería interceptada en los teléfonos de los detenido, siendo que hoy se investiga una eventual manipulación de pruebas por parte de Carabineros.
En tercer lugar, el vocero de la CAM sostuvo que este caso se trata de un montaje contra comuneros, “lo que tiene una dimensión dentro de la criminalización y persecución indiscriminada, particularmente de dirigentes y voceros de la lucha del pueblo mapuche”.
Además agregó que esta operación estaría enmarcada dentro del trato histórico del Estado Chileno contra el pueblo mapuche en procesos de reivindicación territorial.
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Corrupción, impunidad, el legado del gobierno que se va
Juan Pablo Cárdenas S. | Domingo 11 de febrero 2018 21:29 hrs.
Es un secreto a voces que lo que retendría al General en sus funciones sería la información que posee respecto de otras operaciones ilícitas ejecutadas en todo el tiempo en que se ha desempeñado como un oficial de plena confianza y cercanía de Michelle Bachelet.
El sobreseimiento de ocho comuneros mapuches sindicados con pruebas fabricadas por Carabineros, a objeto de implicarlos en crímenes que nunca cometieron, son una prueba elocuente que se agrega a la descomposición de nuestra policía uniformada, pero también de todo nuestro tan presumido “estado de derecho”. Todo hace sospechar, ahora, que la “Operación Huracán” urdida por las autoridades se desmorona totalmente pero también debieran cuestionarse todos los procesos judiciales en curso o ya ejecutoriados en que los jueces tuvieron como fundamento de sus condenas o medidas precautorias los datos entregados por la llamada inteligencia policial.
Es muy probable que este episodio pueda formar parte de un gran operativo político y judicial para resolver las justas demandas de nuestra etnia principal con infundios que hoy se nos develan escandalosamente. No habría que descartar, incluso, que algunos de los atentados incendiarios perpetrados en la Araucanía no tuvieran como ejecutores a las organizaciones mapuches que luchan por el reconocimiento de sus derechos conculcados, sino fueran producto de los mismos montajes a los cuales suele reconocérseles como acciones de contrainteligencia.
Lo que debiera proceder si tuviéramos un Poder Judicial realmente autónomo es la anulación de muchos procedimientos viciados en que La Moneda, la Subsecretaría del Interior , la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) han cumplido una tarea bochornosa y que perjudica enormemente la solvencia de nuestro ordenamiento institucional. Curiosamente, hasta aquí, el Director General de Carabineros, Bruno Villalobos, sigue en posesión de su cargo cuando para colmo bajo su administración de ha urdido y materializado un fraude al fisco que es considerado el de mayor cuantía durante toda la historia policial chilena. El llamado “paco gate”.
Es un secreto a voces que lo que retendría al General en sus funciones sería la información que posee respecto de otras operaciones ilícitas ejecutadas en todo el tiempo en que se ha desempeñado como un oficial de plena confianza y cercanía de Michelle Bachelet. Alguien que, incluso, a tenido la desfachatez de partir de vacaciones en medio de la avalancha de acusaciones que pesan contra su institución sin haber advertido a sus superiores civiles, lo que los obligó a ordenarle su inmediato retorno a Chile desde Miami, donde había ido supuestamente a descansar.
Empezamos a comprobar, asimismo, que es muy posible que no se resuelva en el tiempo que le queda al gobierno el bullado caso de Caval y los presuntos fraudes, asociación ilícita y tráfico de influencia cometidos por la nuera de la Presidenta, su propio hijo y otros cómplices o encubridores. Al mismo tiempo que ya parece haber quedado consolidado un enorme arreglo “judicial” con la empresa Soquimich (SQM) de Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet. Quién, como el país sabe, se dedicara a sobornar a políticos y partidos de amplio espectro para agenciarse leyes que favorecieran a su actividad minera. Otro enorme capítulo de corrupción que nubla la credibilidad de la política, el Parlamento y los otros poderes el Estado y, desde luego, afecta a numerosos “representantes del pueblo”. Cuyas campañas electorales fueron financiadas por éste y otros magnates que ahora resuelven con discretas sumas de dinero al fisco las enormes y reiteradas evasiones tributarias que implicaron todas estas turbias operaciones.
Todo gobierno, por malo que sea, siempre realiza acciones positivas, pero al de Bachelet ll realmente cuesta encontrarle obras que puedan prestigiar su desempeño dentro de una economía que estuvo precipitándose durante cuatro años y una convulsión social que fue demasiado benigna con ella, a pesar de las explosivas demandas acumuladas que dicen relación con el deterioro del poder adquisitivo, la agudización de las desigualdades sociales, el descalabro de nuestro sistema previsional, como el profundo deterioro de la atención de salud. Ya se sabe que el gobierno que viene realmente se propone “aplicarle la retroexcavadora“ a varias leyes aprobadas especialmente en el último tiempo, incluidas las educacionales tan cuestionadas por todos los sectores involucrados en dichas reformas.
La administración que cuenta los días para traspasarle el gobierno por segunda vez al candidato empresario de la derecha tendrá como estigma haberle provocado un verdadero desastre electoral a los partidos de la Nueva Mayoría o de la Concertación. Lo que están viviendo, ahora, severas crisis internas y experimentando una enorme fuga de militantes. A pesar de que en su voracidad, varios de sus dirigentes se mantienen en sus cargos ministeriales a objeto de paliar la sequía de recursos que ellos mismos y sus colectividades prevén en, al menos, durante los próximos cuatro años. En una desvergüenza que se encarna patéticamente en un personaje como Mahmud Aleui, completamente inmune a su fracaso y siniestras operaciones; o en un ministro del Interior que está a contrapelo de no pocos demócrata cristianos que están huyendo de La Moneda y renunciando a su militancia después de tan desastrosa gestión política.
Pese a ser un gobierno tan fustigado por la derecha y el propio Presidente Electo, no sería extraño que éstos decidan echarle tierra a muchos episodios de falta de probidad, procurando que éstos queden impunes como también los dejara el segundo gobierno de Michelle Bachelet respecto de los despropósitos de su antecesor. De nuevo muy presto para regresar al Poder Ejecutivo con una mayoría parlamentaria, pero esta vez con el entusiasmo y apoyo de la alta clase empresarial que metió sus manos en todas las escandaleras de sobornos y cohecho.
Conspicuos multimillonarios que también necesitan “negociar” su impunidad con los jueces y fiscales abyectos, como darle continuidad a sus empresas que, como en el caso de SQM, incluso fuera favorecida con nuevas concesiones y prebendas otorgadas por la clase política. Casta que, al final de cuentas, ya sabemos que es una sola e igualmente ávida de más riqueza a expensas el pueblo y de un sistema electoral que digitan sin mayores contratiempos para sus intereses. Y que ya asume cuán dóciles puede mostrarse hasta las más rebeldes expresiones políticas ante sus “cantos de sirena”.
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Huracán: Gobierno se querella y apela a sobreseimiento
El ministerio del Interior se hizo parte del proceso que investiga una presunta manipulación de las pruebas presentadas por Carabineros. Además, busca revertir el sobreseimiento de los comuneros mapuches involucrados en el caso y apunta a la falta de igualdad para acceder a los informes periciales y a la ambigüedad en la investigación.
Claudia Carvajal G. - Miércoles 14 de febrero 2018 18:23 hrs.
Tres semanas después que la Fiscalía decidiera cerrar la investigación por la llamada Operación Huracán, el Gobierno anunció en la noche de este miércoles presentar una querella en el proceso por la presunta manipulación de las pruebas presentadas por Carabineros.
El documento, firmado por Matías Moya, abogado del ministerio del Interior, sostiene que es su deber “velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública en el país” y que la acción judicial está dirigida “en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, por los delitos consumados de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público”.
“Como ha sido de público conocimiento, a raíz de información de prensa publicada en el último mes, se ha dado inicio por parte del Ministerio Público, a una investigación por la adulteración de los informes policiales elaborados por funcionarios de Carabineros”, explica la querella del Ejecutivo.
“Esta conducta habría llevado al Ministerio Público a tomar una serie de decisiones procesales sin el adecuado fundamento, lo que en la práctica ha significado un grave entorpecimiento a la correcta administración de justicia”, añade.
La querella fue la segunda determinación tomada por el Gobierno durante la jornada, porque más temprano se había presentado la apelación al sobreseimiento de los involucrados en el caso. “La resolución(… ) genera un agravio para esta parte querellante ya que, habiéndose solicitado el rechazo de la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa, el tribunal accedió a ella perjudicando los intereses de la persecución penal al poner término con su resolución al procedimiento, y muy posiblemente ocasionando impunidad respecto de delitos gravísimos”.
Así califica el Ejecutivo la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de sobreseer a los ocho comuneros mapuche y dar por cerrada la causa por la llamada “Operación Huracán”. En el texto del recurso de apelación el gobierno se refiere a la investigación del Ministerio Público y señala que es “absolutamente imposible de acuerdo a los antecedentes y pruebas contenidos en la carpeta investigativa inferir la inocencia de los imputados. Es justamente por esta situación ambigua, y por esta investigación incompleta que realizó el Ministerio Público, que esta parte querellante solicitó previamente la reapertura de la investigación a SS., y concretamente que un organismo suficientemente calificado realice un informe que permite aclarar la evidente opacidad que presenta la investigación”, en una clara crítica al actuar del Ministerio Público en la “Operación Huracán”.
A lo anterior se suman acusaciones por las evidentes “faltas de rigurosidad” y “errores metodológicos” en los informes emitidos por el Ministerio Público arguyendo que no hay explicación para la utilización de ciertos procedimientos en el análisis de los equipos periciados. Señalan que “hay discordancia entre los supuestos archivos con problemas, en el primer documento nos habla de solo 5 y en el segundo de 7, ello a pesar de que se analizaron menos dispositivos en este segundo caso”.
El abogado de la Intendencia Regional de La Araucanía expresa en el escrito que existen aún 23 diligencias pendientes “por lo que la investigación malamente podría catalogarse como agotada” lo que, según los querellantes, indica el incumplimiento del ente persecutor del deber constitucional y legal de agotar la instancia de indagaciones.
Respuesta a los fiscales
Uno de los puntos del texto del recurso dice relación con la polémica “negligencia” del Gobierno al no solicitar el levantamiento del secreto de la investigación, según denunciaron los fiscales durante los alegatos de la audiencia de sobreseimiento.
“Cuando el Ministerio Público actúa respetando los principios consagrados en su Ley Orgánica Constitucional y que inspiran la reforma procesal penal en Chile, no cierra investigaciones con pruebas secretas y permite a los intervinientes un efectivo ejercicio de sus derechos”, puntualiza el Ejecutivo en el documento. Y alegan que “de buena fe” esperaron el resultado de las diligencias declaradas secretas, “supuestamente para resguardar la eficacia de la investigación, y que, de un día para otro, de manera abrupta y casi subrepticia, se entera que la investigación se encuentra cerrada, sin tener conocimiento del contenido de las piezas declaradas secretas, cuestión que se extendió hasta mucho después, porque el Ministerio Público entregó copias incompletas de la carpeta. La situación descrita, se traduce en una situación imposible e insuperable para este querellante.
Finalmente, Matías Moya, abogado representante de la Intendencia, señala que de acuerdo al mérito de los antecedentes “no es posible concluir en base a los medios probatorios existentes que se encuentra claramente establecida la inocencia de los imputados”. Posteriormente señala que dado que el Ministerio Público actualmente investiga a los peritos de esta causa por haber presuntamente adulterado los informes y que ello puede llevar a decisiones contradictorias. “En efecto, si los imputados de la presente causa son finalmente sobreseídos (…) ello implica que los imputados en la otra causa, deberían ser culpables de haber adulterado los informes periciales, pero si en el futuro fuesen absueltos o sobreseídos, tendríamos dos resoluciones contradictorias sobre los mismos hechos”.
“Un computador, una flecha y un celular”
Una investigación realizada por Ciper Chile expuso la existencia de un correo electrónico enviado por el capitán Leonardo Osses de la unidad Operativa Especializada con destino al creador del malware Antorcha, Álex Smith. En él se contenían conversaciones que, posteriormente, fueron encontradas en los teléfonos de los comuneros mapuches imputados.
El texto cuyo asunto era “un computador, una flecha y un celular” se envió el mismo día en que los comuneros fueron detenidos y mientras Osses y Smith se encontraban en dependencias del Labocar en Temuco. Según la comparación que realizó Ciper sobre el contenido del archivo con los chats en los teléfonos incautados, los mismos mensajes fueron utilizados al día siguiente como evidencia en el control de detención, por lo que el traspaso de información fue textual.
Los mensajes encontrados en el teléfono de Llaitul incluyen un diálogo entre “Matute” y “Negro”, misma conversación que aparece en el archivo enviado por Osses a Smith, salvo por los nombres de las partes: “Matute” es identificado como Jorge Huenchullán y “Negro” como Héctor Llaitul.
Junto a este, serían varios los mensajes presentes en el correo electrónico del uniformado a Smith que se repiten en dos teléfonos propiedad de Llaitul.
La audiencia de revisión de cautelares de garantías por la denuncia realizada por el Ministerio Público en contra de funcionarios de Carabineros que resulten responsables de los delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de documento público, en el marco de la “Operación Huracán” fue reprogramada para mañana al mediodía, oportunidad en que también se revisará la excepción de incompetencia del tribunal presentada por Marisa Navarrete, abogada defensora de los uniformados.
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Apuntan a Aleuy como el responsable político de la Operación Huracán
Luego que se confirmara que la "Operación Huracán" había sido un montaje de Carabineros, los dardos políticos apuntaron al subsecretario del Interior. Desde el mundo mapuche y político piden explicaciones de quien incluso acudiera a Argentina a desmantelar una presunta red de internación de armas iniciada por los imputados de Huracán.
K. Palma y P. Campos- Viernes 26 de enero 2018 17:09 hrs.
“Es lo más grave que ha ocurrido desde que existe el nuevo sistema penal”, esa era la coincidencia entre quienes evaluaban lo sucedido, luego que la Fiscalía Nacional confirmara que la denominada “Operación Huracán” había sido un montaje de Carabineros.
Conversaciones implantadas con posterioridad a la incautación de teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería celular no disponibles en todos los móviles de los ocho acusados y contar únicamente con conversaciones escritas como prueba para demostrar la asociación ilícita y terrorista fueron parte de las conclusiones a las que llegó la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
Acto seguido se informó del cierre de la investigación . El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, además comunicó que abrirán una investigación penal por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a las indagatorias que se estaban realizando en el marco de este caso.
De inmediato vinieron las reacciones, las primeras de los imputados y sus defensores. Entre ellos, Patricia Cuevas, defensora de Héctor Llaitul, recordó a nuestro medio que ellos siempre habían alertado de la debilidad de las pruebas con las que pretendían levantar la investigación; también acusó a Carabineros por no respetar la Constitución política inmiscuyéndose en acciones que son propias del Ministerio Público.
La defensora fue más allá al advertir que revisarán otras causas en donde hay mapuches involucrados, esto para tener certeza jurídica de que este tipo de montajes no se ha repetido antes: “No sabemos cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se las vincula (a los imputados), a estas personas, con la violencia rural. No puede ser que Carabineros investigue sin ninguna razón. Es Fiscalía quien debe llevar estos temas. Ellos son los que tienen el deber de objetividad”.
No solo ella habló, el propio Héctor Llaitul acusó que el único fin que tenía este operativo era el de desarticular a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Sus dardos apuntaron directamente a las responsabilidades políticas detrás de este caso. “Hay responsabilidades en este montaje de parte del Gobierno, del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, pero la participación operativa la tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, y la unidad de inteligencia de Carabineros, bajo la responsabilidad del general Gonzalo Blu”, dijo a la prensa.
El subsecretario del Interior nuevamente era mencionado en el caso. Tal como ocurrió en septiembre, cuando explotó Huracán, los dardos políticos apuntaban a su modo de operación. Para la abogada Cuevas, por ejemplo, es incomprensible que pruebas tan débiles e imposibles de sostener hayan derivado en reuniones bilaterales entre Chile y Argentina, lideradas por Aleuy y la ministra Patricia Bullrich, para lograr desmantelar una supuesta red de internación de armas entre movimientos mapuches de ambos países.
El factor Aleuy
“Esto confirma los montajes que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo”, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile Rodrigo Curipán, werkén del lof Rankilko, respecto de los últimos antecedentes que se conocieron sobre la denominada Operación Huracán.
Curipán advirtió que es el subsecretario Aleuy el que debe asumir la responsabilidad política de los errores que se cometieron en el caso. En esa línea, comentó que no descartan presentar acciones judiciales contra los miembros del Gobierno, Carabineros y la Fiscalía que resulten responsables.
“Desde el punto de vista político Aleuy tiene toda la responsabilidad. Él no solo fue a Argentina, sino que además aseguraba que habían dado con una organización que estaba desestabilizando la zona de La Araucanía. La acusación que hace para criminalizar a los mapuches ha sido grave y hoy se cae a pedazos. Es legítimo que la sociedad chilena se dé cuenta quiénes están a cargo de investigar y quiénes están a cargo de hacer responsable a los mapuches”, sostuvo.
El dirigente mapuche indicó que además del subsecretario, la “Fiscalía de alta Complejidad tiene responsabilidad absoluta sobre cómo se han ido desarrollando los mecanismos mediante los cuales Carabineros presenta pruebas”.
Rodrigo Román, abogado defensor de Héctor Llaitul, quien fue uno de los ocho detenidos por esta causa, dijo que la primera responsabilidad debe recaer en contra del Ministerio Público. A su juicio, el fiscal nacional, Jorge Abbott, “sabía desde un comienzo de la inviabilidad de este caso y decidió insistir, toda vez que él ha actuado como receptor de la inteligencia policial”.
“Hay responsabilidades también del subsecretario del Interior e incluso de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, porque esto se enmarca en la política represiva que se ha desatado en Wallmapu. Aleuy es quien coordina el trabajo de inteligencia, por lo que él debe responder”, afirmó.
Eugenio Tuma (PPD), senador por la Región de la Araucanía, manifestó la necesidad de esclarecer la situación. Desde su perspectiva, “es muy pronto para establecer responsabilidades políticas o administrativas”. Mientras que desde el mismo partido el senador Harboe pide sanciones inmediatas a lo que califica de “lo más grave” que ha ocurrido desde que se inició la nueva reforma procesal penal.
¿Pero por qué se apunta tanto a Aleuy?
Más allá de las declaraciones que puedan dar a los medios de prensa las distintas autoridades de la nación, hay evidencias de dónde parte la Operación Huracán. Según documentos de la causa a los cuales accedió nuestro medio, el 20 de septiembre llegan los primeros antecedentes a manos del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, documento enviado por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros.
Bajo el amparo de la Ley 19.974 de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la policía uniformada envió la información que dio inicio al polémico caso. No fue iniciado por el Ministerio Público. Incluso, fuentes ligadas a la causa relataron a nuestro medio durante los días siguientes a las detenciones de los mapuches que incluso los fiscales se veían confundidos con los antecedentes.
Con la Ley de Inteligencia el Gobierno puede recopilar información mediante las diligencias ordenadas a Carabineros o Policía de Investigaciones, las que deben ser autorizadas por la Corte de Apelaciones del territorio respectivo, esto para proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional. No puede la ANI comenzar una investigación judicial. Por lo mismo en la Operación Huracán los datos fueron entregados al Ministerio Público para que ellos comenzaran la historia ya conocida.
En tanto, el diputado PS Leonardo Soto, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, calificó como un “hecho muy grave”, la presunta manipulación de pruebas realizada por Carabineros. En ese sentido, anunció que propondrán citar al General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que explique la situación: “Los hechos dados a conocer no sólo avalan a los detenidos por está maquinación, sino que vuelven a poner un manto de duda sobre el trabajo de esta institución policial. Es insólito que el país aún no tenga una explicación formal por parte de la máxima autoridad y responsable de la policía uniformada, quien al estallar este caso alabó pública y profusamente los supuestos logros de la Dirección de Inteligencia”, expresó.
Pese a la explícita petición de que el Gobierno asumiera responsabilidades políticas por los ribetes que ha alcanzado la investigación, el subsecretario Aleuy se refirió al procedimiento a seguir. Así indicó que se van “mantener los canales judiciales y en el caso de la investigación misma y en el de Carabineros, vamos a pedir la máxima celeridad posible en el esclarecimiento de estos hechos (…)El Gobierno va a tomar decisiones en función de cómo avancen las investigaciones administrativas y judiciales”. También indicó que “de ser ciertas” las acusaciones que recaen sobre carabineros, “el costo institucional será alto”.
Este viernes efectivos de la PDI acudieron a allanar las dependencias de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Temuco. Sin embargo, carabineros de la oficina temuquense impidieron el retiro de la información de la causa, amparados en que no hubo aviso previo de la revisión. En tanto se resuelve el conflicto entre las policías, el cuartel permanece cerrado.
Mientras que desde la institución el general de la Dirección de Inteligencia, Gonzalo Blu, señaló que se ordenó un sumario administrativo luego de las acusaciones por presunta manipulación de pruebas. No obstante, defendió las diligencias realizadas por la institución, manifestando que le extraña la decisión de no perseverar que tomó la Fiscalía respecto de las indagatorias en torno a la Operación Huracán.
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Montaje al cuadrado: las denuncias del abogado de Mónica Palma contra Carabineros
La abogada asistente de la Fiscalía de Alta Complejidad fue sindicada por la entidad policial como quien filtró información al líder de la CAM, Héctor Llaitul. En entrevista con este medio, su abogado, Sergio Díaz, señala las nuevas inconsistencias de Carabineros en la investigación en su contra, en una nueva arista de la Operación Huracán.
Nicolás Massai D. - Jueves 15 de febrero 2018 14:59 hrs.
Durante la tarde de este jueves el Juzgado de Garantía de Temuco se declaró competente para llevar la causa que investiga distintas aristas de la denominada “Operación Huracán”. Entre los asistentes a la audiencia se encontraba Sergio Díaz, representante de Mónica Palma, la abogada asistente de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía que fue sindicada como informante de Héctor Llaitul.
Ella junto a su representante presentaron una querella en contra de quienes resulten responsables por los delitos de calumnias, falsificación de instrumento y violación de secreto, entre otros cargos, en contra de Carabineros. Apenas atendida la llamada de Diario y Radio Universidad de Chile, el profesional cuenta que su representada sufrió persecución por parte de desconocidos, y califica esta operación como un “montaje”. Otro más.
¿Ha visto Mónica Palma amenazada su seguridad? ¿Hay algún hecho concreto que la haya llevado a pensar eso?
Efectivamente en algún momento fue víctima de seguimientos impropios y en ese sentido fue que se solicitó la medida de protección.
¿Cómo fueron esos seguimientos?
No te puedo dar detalles del tema, pero sí hubo seguimientos que no corresponden y que evidentemente se relacionan a un tipo de amedrentamiento, y es por eso que solicitaron las medidas.
¿Ya saben quiénes serían los responsables de esta investigación en su contra?
Planteamos esa querella en contra de quienes resulten responsables porque evidentemente lo que nos interesa es que el Ministerio Público pueda investigar e individualizar específicamente quiénes son las personas que participaron en este montaje en contra de mi representada. Tenemos sospechas de la participación específica de algunas personas, pero obviamente no está totalmente aclarada cuáles son las acciones que desplegaron cada uno de ellos.
¿Aparece también el capitán Leonardo Osses?
Es una de las personas que aparece en calidad de imputado en esta causa.
¿Cuál es la imagen que tiene de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar)?
Es compleja la pregunta, porque me estás pidiendo una apreciación sobre una institución, y yo te diría que nuestra labor no busca enjuiciar instituciones; básicamente, averiguamos sobre la responsabilidad de personas individuales.
¿Cuáles son las inconsistencias que se usaron para investigar a Mónica Palma?
En la querella que se presentó aparecen señalados algunos hechos que nos parecen evidentes y graves, porque son constitutivos de delito. Carabineros lo que hizo es imputarle a ella el envío de un mensaje a través de WhatsApp, en virtud del cual habría hecho llegar un listado de personas que eventualmente iban a ser detenidas. Carabineros informó que ese mensaje habría sido enviado por ella desde un lugar específico y sitúan este envío en dependencias de la Fiscalía Regional, en la esquina de las calles Prat con Bilbao. Esa situación es falsa e incorrecta con la realidad, porque ella estaba en una audiencia ante el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en el momento en que Carabineros dice que se estaba enviando el mensaje. Es absolutamente acreditable que ella se encontraba en una audiencia y no en el lugar en el que dijo que estaba Carabineros.
Usted se refiere al hecho del 16 de septiembre, cuando un tal “José” le habría solicitado mediante un archivo de audio cierta información y la abogado habría enviado una imagen con siete nombres que supuestamente correspondían a los detenidos días después en la Operación Huracán. ¿Ese archivo de audio del tal “José” tampoco está en la carpeta de Carabineros como evidencia?
Efectivamente, esa fue la información que en algún momento el Ministerio Público le solicitó también a Carabineros, y no la entregaron en su oportunidad. La investigación está bajo reserva, pero tengo la impresión que tampoco ha sido entregada al día de hoy.
En la querella ustedes dicen que Mónica, apenas finalizada esa audiencia, les envió un mensaje a sus jefes para decirle cuál había sido el resultado en ese Tribunal…
Exacto. Terminando la audiencia ella le informa a los fiscales que habían participado en ese juicio oral, que se había desarrollado esa semana, y lo envía desde el Tribunal. Por eso es que, dentro de las diligencias que se solicitaron, estaba la recopilación de las grabaciones del Tribunal, porque evidentemente dentro de ellas va a aparecer la imagen de Mónica en audiencia al momento en que Carabineros dice que estaba enviando esta información. No se le puede imputar a ella ese envío, bajo ningún punto de vista.
La información es falsa, un montaje que hay que indagar mucho más para ver quién lo ejecutó, cuáles fueron los motivos, pero ese ya es un tema fundamental para nosotros. Hay otros antecedentes que presentamos en la querella y que dicen relación con la información que Carabineros le entregó al ministro de la Corte de Apelaciones, que autorizó algunas medidas intrusivas. Le señala que Mónica tiene un determinado número de teléfono de una determinada compañía, y se le autoriza la interceptación de ese teléfono de esa compañía, siendo que hace mucho tiempo atrás ella ya no lo tenía en esa compañía. Esa actuación desde ya es falsa, y por tanto su ejecución es ilegal.
¿Qué ha significado esto para Mónica Palma?
Está con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía para los efectos de resguardar su seguridad. Ella, como ya se conoce, ha sufrido una afectación profunda como consecuencia de lo que ha tenido que vivir.
Machi Celestino demanda a policía Chilena- Macarena Valdés- Huracán
El condendo por el caso Luchsinger-Mackay acusa ser víctima de una situación parecida a lo que ocurre en la Operación Huracán.
Machi Celestino Córdova presenta demanda contra Carabineros por falsificación de evidencia
Por El Dínamo 10 de febrero de 2018
El Machi Celestino Córdova, quien fue condenado a 18 años de cárcel por el caso Luchsinger-Mackay, presentó este viernes una querella contra dos funcionarios de Carabineros, Patricio Marín Lazo y Leonardo Osses Sandoval, por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
Según informó T13, el comunero mapuche se ha enterado en los últimos días de las prácticasque desarrolla la policía “criminalizando injustamente a autoridades y dirigentes mapuchescon la sola intención de reprimir al pueblo en lucha por autonomía y territorio”.
Uno de los ejemplos que citó Córdova fue lo ocurrido en la denominada Operación Huracán y de esta manera acusó de ser víctima de una situación parecida que busca incriminarlo por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.
La acción judicial por el presunto montaje, además de estar en contra de los uniformados, está dirigida a quienes resulten responsables.
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Caso Iglesia: Ariel Trangol continúa huelga de hambre y permanece en Hospital de Temuco
La Información es de Cristian Cerna- rbb
Internado en el Hospital Regional de Temuco continúa Ariel Trangol Galindo, uno de los 4 imputados por el “Caso Iglesia” y que ha mantenido su huelga de hambre en manifestación de su inocencia.
En tanto, su familia no descarta que haya existido un montaje para lograr la detención.
Trangol Galindo, junto a sus hermanos Pablo y Benito, además de Alfredo Tralcal Coche, llevan meses privados de libertad luego que la Fiscalía los imputara por la quema de una iglesia evangélica ubicada en una zona rural de la comuna de Padre Las Casas.
De los 4, Ariel es el único que permanece en huelga de hambre ilíquida: es decir, que no come alimentos sólidos para manifestar su descontento con el proceso judicial e insistiendo en su inocencia.
Robinson Trangol Galindo dijo que su hermano Ariel no está dispuesto a dejar la medida de presión.
Además, no descarta que los abogados de su familia argumenten que existió montaje en la investigación que permitió su detención.
La esposa de Ariel Trangol explicó que el personal médico evaluará su realimentación forzosa en caso que su estado de salud empeore.
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La Información es de Hugo Oviedo-RBB
La mañana de este lunes, comuneros que fueron sobreseídos presentaron una querella contra 7 funcionarios de Carabineros por la Operación Huracán.
De esta manera los abogados de 5 de los 10 comuneros mapuche que el viernes fueron sobreseídos, llegaron hasta el tribunal de Temuco, para interponer el recurso judicial en contra de los efectivos de inteligencia de la institución.
Según se informó, se trata de una querella por obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y presuntos delitos informáticos que se pudiesen configurar en el marco de la falsificación de pruebas.
Se trata de la indagatoria que abrió el jefe del Ministerio Público en La Araucanía, en contra de funcionarios de la institución uniformada por la -supuesta- manipulación de pruebas, en los teléfonos celulares de los 10 mapuches que fueron sobreseídos por la Justicia.
Para uno de ellos, Rodrigo Huenchullán es grave que carabineros intente instalar un montaje en su contra, por lo que anunció una alta participación de su comunidad en la audiencia de este martes.
El Tribunal de Temuco fijó la audiencia para mañana al mediodía, instancia que fue solicitada por la defensa de los 7 funcionarios de Inteligencia de Carabineros.
Así lo informó a Radio Bío Bío la abogada Marisa Navarrete, defensora de los uniformados y del único civil del caso. Alex Smith, creador del “software espía” que -supuestamente- pudo intervenir la mensajería instantánea de los 10 mapuches sobreseídos por la Justicia.
Además, la abogada Navarrete ratificó la serie de declaraciones que ha emitido Alex Smith a distintos medios de comunicación… incluida la crítica a los peritajes realizados por la Fiscalía Nacional.
Cuestión que fue puesta en tela de juicio por la abogada Karina Riquelme, que representa a dos de los sobreseídos en la causa.
Abogados particulares de 5 de los 10 mapuches sobreseídos en el marco de la Operación Huracán, entre ellos, el líder de la CAM, Héctor Llaitul quienes presentaron en el Tribunal de Temuco… una querella en contra de 7 funcionarios de Inteligencia de carabineros.
Lo anterior, por los delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y delitos informáticos que pudiesen configurarse en la -supuesta- manipulación de pruebas por parte de miembros de la Dipolcar.
Todo esto luego que el juez de garantía, Federico Gutiérrez decidió cerrar la investigación de la trama madre de Huracán y decretó el sobreseimiento definitivo de los 10 imputados.
En otra arista del caso… ya está en Temuco, el subdirector general de Carabineros, Julio Pineda… quien recordemos lleva adelante un sumario administrativo al interior de la institución uniformada, para aclarar responsabilidades en la supuesta manipulación de pruebas en la “Operación Huracán”.
El general Pineda ha insistido en la tesis de que los peritajes sean realizados por el FBI, para aclarar si -efectivamente- un programa creado por un ingeniero agrícola y forestal de Temuco, pudo vulnerar los sistema de seguridad de las aplicaciones de mensajería.
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Foto: Aucán Huilcamán critica silencio de la Nueva Mayoría por “montaje” en Operación Huracán
"Llama poderosamente la atención que los partidos políticos de la Nueva Mayoría no defiendan la democracia", afirmó el encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras.
Por El Desconcierto / 10.02.2018
El vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, fustigó la actitud que han tenido los partidos de la Nueva Mayoría ante la Operación Huracán.
Para Huilcamán, este caso representa un “montaje” que es consentido por el gobierno de Bachelet. “Esto evidencia que el gobierno le mintió al país y también refleja que está dispuesto a implementar cualquier estrategia sucia y perversa para mantener una relación de domesticación y colonialismo con el pueblo mapuche, alejado de la paz y el desarrollo de la región”, argumentó.
“Por la absoluta desconfianza que tienen los mapuche en el Estado chileno, será difícil retomar un diálogo abierto y sincero, debido a que ha quedado demostrado que el gobierno de la presidenta Bachelet es capaz de consentir un montaje extremadamente grave”, agregó.
Junto con esto, criticó a los partidos integrantes de la Nueva Mayoría. “Llama poderosamente la atención que los partidos políticos de la Nueva Mayoría no defiendan la democracia porque el montaje de Carabineros en contra de los mapuche es un atentado al sistema democrático y contrario al respeto a los derechos humanos”, enfatizó.
Para cerrar, Huilcamán señaló que “es inentendible que la presidenta Bachelet tome descanso en el verano en Caburga, tierras mapuche que fueron objeto de despojo, y que al mismo tiempo en su gobierno las instituciones hayan hecho un montaje grave desde el punto de vista jurídico y político.
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Rubén Collío, pareja de Macarena Valdés: “Podría dedicar toda mi vida a buscar justicia, la ‘Negra’ vale la pena”
En el marco de la reunión que sostuvo con el fiscal nacional Jorge Abbott, el esposo de la fallecida activista medioambiental conversó a fondo con El Desconcierto sobre el informe de la autopsia que descartó la tesis del suicidio en la muerte de Macarena Valdés y sobre la carpeta investigativa que recibió el Ministerio Público. "Lo único que esperamos es que hagan su trabajo", afirma.
Por Sebastián Flores / 12.02.2018
De fondo el símbolo del Meli Witran Mapu -que representa la tierra y sus cuatro puntos cardinales-, adelante el weichafe Lautaro con sus ropas de guerrero y arriba el título de la más icónica canción escrita por Víctor Jara: “El derecho de vivir en paz”. Cada vez que aparece en público se le puede ver con la misma polera, quizás como una forma de dar cuenta de la larga lucha que lleva hace más de un año y medio.
Es pasado el mediodía del viernes 9 de febrero. En pleno centro de Santiago, en las afueras de la Fiscalía Nacional, una decena de reporteros lo rodean. Hace apenas unos minutos acaba de concluir la reunión que él, junto a la abogada Natividad Llanquileo, sostuvieron con el fiscal nacional Jorge Abbott. En el encuentro, le entregaron la nueva carpeta investigativa que está llevando la Fiscalía de Panguipulli.
“Abbott y su equipo se comprometieron a estudiar la carpeta y proponer nuevas diligencias que vayan realmente enfocadas a esclarecer un asesinato”, declaró ante la prensa en el frontis de Catedral 1437.
Rubén Collío Benavides (41) se muestra tranquilo y sereno. Habla con convicción tras un año y medio de la muerte de su esposa, la activista medioambiental Yudy Macarena Valdés Muñoz (32), asesinada en su propia casa el 22 de agosto de 2016 y a la que, durante gran parte de este tiempo, se quiso hacer pasar por un suicidio. Recién hasta hace unas semanas, a mediados de enero, un nuevo peritaje del doctor Luis Ravanal Zepeda determinó que hubo participación de terceras personas en su deceso.
[Lee también en El Desconcierto: Los argumentos de los forenses que descartan que Macarena Valdés se haya suicidado]
Un día antes del encuentro con Jorge Abbott, Collío visitó la redacción de El Desconcierto. Un trarilonco y la misma polera negra que exige el derecho de vivir en paz eran parte de su vestimenta. Aquí aseguró que lo único que esperaba de la reunión con el fiscal nacional es que haga su pega. A la jornada siguiente, Abbott le dio su palabra de que lo haría.
“Esperamos que se cumpla esa palabra y que podamos realmente tener acceso a la justicia. Él reafirma que sí existe estado de derecho en este país y que ellos son los garantes de eso. Esperamos que cumplan su palabra, que demuestren que hay acceso a la justicia y que no existe impunidad”, apuntó Collío el viernes 9.
El mismo énfasis había hecho el día anterior, tras una reunión con la organización feminista Corporación Humanas: “la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Brigada de Homicidios tienen la obligación de investigar. Lo único que esperamos es que esta gente haga su trabajo”.
Foto: Macarena Valdés
—Estos últimos días han estado fortaleciendo lazos con organizaciones más allá de la causa mapuche. ¿Sientes que tras el peritaje que acredita que fue un asesinato ha habido más apoyo en la búsqueda de justicia?
—Al principio la gente tenía miedo de apoyar porque habían ciertas incertezas. Creerle a un tipo que vive arriba de la montaña y que dice que a su mujer la asesinaron es difícil, pero aun así hubo gente que nos creyó desde el principio. Hay otra que se ha sumado porque tiene la claridad, pero también hay gente que se ha sumado solamente porque es la ocasión de figurar, y en eso yo no me pierdo.
—Entre la gente que tiene la claridad, está -me imagino- Corporación Humanas.
—Claro. Hoy tuvimos una reunión con una de sus abogadas y que considero que fue muy productiva, porque nos aclaró muchas dudas. El municipio de Panguipulli, que comprometió sumarse a la querella, también. Porque hay que entender que esto no es la lucha de una sola persona o de una familia, es la lucha de la comunidad y del pueblo mapuche en sí, porque esto pasa más seguido de lo que uno ve, sólo que nosotros logramos visibilizarlo.
—¿Qué tan seguido?
—Todos los días, en todas las comunidades, se vulneran los derechos. Esta es la primera mujer que se hace visible que es asesinada, pero es muy probable que hayan habido más, muchas de ellas silenciadas.
Montajes todos los días
A Macarena Valdés la asesinaron justo al día siguiente de la amenaza de dos hombres en un vehículo con el logo de RP Global, trasnacional austriaca que buscaba instalar una mini central hidroeléctrica de paso en la localidad de Tranguil, Región de Los Ríos, y que encontró la oposición de las comunidades del sector. Dicha oposición era liderada por el ingeniero ambiental Rubén Collío.
Antes de la muerte de Macarena, RP Global había destruido un cementerio mapuche para colocar su sala de máquinas para la central, lo cual contraviene el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado de Chile. Tras su muerte, la empresa instaló cables de alta tensión que pasarían justo fuera de la casa de la familia Collío Valdés, a la que Macarena se había opuesto activamente junto a su comunidad.
[Lee también en El Desconcierto: La cronología de la extraña muerte de la activista medioambiental Macarena Valdés]
La primera autopsia aseguraba que la muerte fue por ahorcamiento y descartaba la participación de terceros. Esa fue durante más de un año la tesis que defendió el Servicio Médico Legal junto a la Fiscalía de Panguipulli, la cual fue cuestionada por la defensa de la familia y no estuvo exenta de irregularidades.
Hasta antes de que la segunda autopsia concluyera que Macarena Valdés fue asesinada, el caso no había aparecido en los grandes medios de comunicación. En las últimas semanas, Chilevisión y TVN dieron cuenta del caso en sus noticieros, además de una nota en La Segunda. En todo este tiempo, Collío revela que RP Global no se contactó con su familia en ningún momento.
Twitter: @Chileokulto
—¿Ni siquiera mediante sus abogados?
—La única excepción fue cuando nosotros presentamos la querella criminal. Al par de días, ellos mandaron un abogado patrocinante sin que nadie mencionara o apuntara a RP Global dentro de esta querella, la cual está presentada contra quien resulte responsable. Aún así, mandan a este abogado, donde nos dan a entender que si es que la cosa va en contra de ellos en algún minuto, “esta es la persona que me representa”. Más contacto que eso no hemos tenido.
—Tras la aparición del caso en grandes medios de comunicación, ¿tu familia ha recibido amenazas o escarmientos de algún tipo?
—No he recibido amenazas ni llamados, pero han ocurrido algunas cosas extrañas alrededor de mi casa. Cosas raras que tratan de hacer pasar por normales, pero nada que esté fuera de nuestro control.
—Tengo entendido que están trabajando con la machi Francisca Linconao -acusada por el caso Luchsinger Mackay- en las instancias judiciales. Cuéntame por qué deciden unir ambas defensas.
—Nosotros como mapuche, al vernos atacados como pueblo, tenemos la obligación de unirnos y apoyarnos. A la machi se le está armando un montaje tal cual como el que se trató de armar para hacer creer que mi mujer se había suicidado. Casualmente, en ambos casos está involucrada la Fiscalía, las fuerzas públicas (ya sea Carabineros o la PDI) y casualmente las víctimas somos mapuche. Entonces tenemos que juntarnos, porque estamos enfrentando al mismo enemigo y a los mismos montajes en nuestra contra.
—¿Hace cuánto solidarizan en ambas causas?
—Hace harto tiempo, más allá de que ahora lo hicimos público. Cuando la machi estuvo en huelga de hambre, estuvimos afuera del hospital dándole nuestra palabra de apoyo. Cuando los presos políticos estuvieron en huelga de hambre, también estuvimos afuera de la cárcel. Y hoy, si es que podemos, también vamos a apoyar al machi Celestino, que cumple más de tres semanas en huelga de hambre. Somos un sólo pueblo y tenemos que unirnos y empezar a pensar como pueblo.
—En la misma línea, hace poco incorporaron a Natividad Llanquileo como abogada defensora.
—Que hayamos incluido a Natividad tiene que ver con su trayectoria y sus capacidades. La Natividad es una lamgen, es mapuche, y por lo tanto es quien mejor puede representar la visión nuestra. Además tiene un tremendo currículum como abogada. Se nos hace muy grato que se haya incorporado a nuestro equipo.
—¿Cuál es tu opinión de la Operación Huracán?
—¿Que qué opino de la Operación Huracán? (Risas) Es que es muy chistoso, ¿viste los mensajes que se mandaron por WhatsApp?
—(Risas) Sí: “¡Felicitaciones hermanos, operación exitosa!”
—Lo único que le faltó decir es “¡muy bien hecho oficiales, cambio!” (Risas). Era algo tan absurdo…
—Que, sin embargo, la prensa difundió como una verdad, quedándose con la versión de Carabineros.
—Son los mismos que pegaron el grito en el cielo cuando la machi Francisca se fue a Bolivia y dijeron que se escapaba. Hay mucha gente que ha sido influenciada por los grandes medios para pensar que el mapuche es delincuente. Y aquí hay una política de Estado que viene desde Cornelio Saavedra, en donde al mapuche se lo tilda de flojo, de ladrón, de borracho y -hace unos 20 años- se agrega este nuevo adjetivo que es el de quemacamiones y de terrorista, cuando en este país no existe el terrorismo. Anda a España, donde ponen una bomba en el metro y matan a 3 mil personas, eso es terrorismo. Si es que realmente fuese que son los mapuches quienes queman camiones, no han matado a un sólo camionero, por lo tanto eso no es terrorismo. Tal vez se podría considerar vandalismo, pero no califica para una Ley Antiterrorista.
—Además, muchas veces esos actos vandálicos son montajes.
—La Operación Huracán es sólo la punta del iceberg. Hay montajes todos los días contra los mapuche. Cuando se procesa a gente a través de la Ley Antiterrorista, eso ya es un montaje.
Twitter: @Chileokulto
Lo mínimo que uno puede hacer
En las declaraciones que dio a la salida de la Fiscalía Nacional, Rubén se refirió a la ausencia de garantías en el proceso judicial, a propósito de lo que ha ocurrido en la Operación Huracán. “Garantías no hemos tenido nunca. Nuestra garantía es la opinión pública. Hoy se ha logrado demostrar que hay una persecución sistemátizada del pueblo mapuche, donde se falsifican pruebas y formas de acusarnos y encarcelarnos. Esperamos que la presión social e internacional sean quienes hagan que tengamos acceso a la verdad también”, asegura.
El día anterior, en la redacción de El Desconcierto, reveló que solicitaron una reunión con la presidenta Michelle Bachelet, para mostrarle la carpeta y para ver la posibilidad de que el gobierno se haga parte querellante de la investigación.
—¿Por qué el caso se ha entorpecido tanto? ¿Quiénes crees que son los responsables de aquello?
—(Silencio) ¿Quieres que te conteste la verdad o que te conteste la mentira?
—La verdad.
—(Silencio) Sería irresponsable de mi parte hablar de que es lo que falla en un sistema que supuestamente funciona, pero en él hay un punto de quiebre que tiene que ver con las voluntades legislativas, políticas y económicas. Y en este caso, no ha existido voluntad de encontrar la verdad. No existió jamás la intención de investigar. Era mucho más fácil tildar esto como un suicidio y rotularlo así. Sería muy triste que esto estuviera ligado a la corrupción. Sería muy triste que hubiesen lucas de por medio para que esas voluntades no existieran. O que esas voluntades estuvieran frenadas a través del dinero. Lo que sí podemos decir -responsablemente- es que no ha existido voluntas de investigar de parte de la Fiscalía y la PDI o de hacer bien su pega de parte del Servicio Médico Legal.
—Tras un año y medio de búsqueda de justicia, me imagino que existe un desgaste tanto físico como emocional en la búsqueda de justicia. ¿Cómo están tú y tu familia?
—En general todo es un desgaste. Tú te desgastas viniendo a trabajar encerrado 350 días aquí para tomarte 15 días de vacaciones y en ese tiempo tratar de vivir. (Silencio) La ‘Negra’ vale la pena… podría dedicar toda mi vida a esto y aún así valdría la pena…
Los silencios que aparecen en la conversación comienzan a distar de la serenidad y calma que tendrá al día siguiente en la Fiscalía Nacional. El recuerdo de Macarena se hace vívido y y su voz comienza a quebrarse.
—Ella me entregó amor… calidad de amor, calidad de vida. Me entregó a mis hijos. Yo jamás voy a tener cómo compensar todo lo que me dio. Esto no es desgaste, es amor nomás. Es lo mínimo que uno puede hacer por una persona que de verdad valora… y vamos a seguir hasta el final. Nos vamos a seguir fortaleciendo y reinventando hasta que consigamos lo que creemos que es justo.
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Caso Macarena Valdés: Fiscal compromete investigación
Este viernes se concretó la reunión entre Jorge Abbott y Rubén Collío, comunero mapuche y esposo de la fallecida activista medioambiental. El Ministerio Público revisará la carpeta investigativa para ordenar diligencias que determinen la causa de su fallecimiento, dejando atrás la tesis del suicidio aceptada inicialmente por la justicia.
Maximiliano Alarcón-Viernes 9 de febrero 2018 16:42 hrs.
Este viernes se concretó la reunión entre el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y Rubén Collío, esposo de la fallecida activista medioambiental Macarena Valdés, que tenía por objetivo entregar los antecedentes del caso a la máxima autoridad persecutora.
La víctima fue encontrada muerta dentro de su casa en agosto de 2016. Desde entonces, la historia por averiguar los antecedentes en torno a su partida ha estado marcada por la negligencia y las irregularidades.
En enero de este año, el perito privado Luis Ravanal descartó que la muerte de Macarena Valdés se tratara de un suicidio, tesis inicial presentada por el Servicio Médico Legal y respaldada por la Fiscalía de Panguipulli, puesto que el cuerpo no presentaba evidencia de haber sido suspendido a través del ahorcamiento mientras se encontraba con vida.
En la cita de este viernes el Fiscal Nacional se comprometió con Rubén Collío a que estudiarán el contenido de la carpeta investigativa, a la que pudieron acceder recién durante esta jornada, para de esta forma determinar cuáles serán las acciones a seguir como Ministerio Público.
Luego de la reunión, Collío llamó la atención sobre “el entorpecimiento y cómo se ha guiado esta investigación, cómo se ha intentado crear la imagen de un suicidio, la Fiscalía intentando insistir en un suicidio a través de las pericias que solicitan. El señor Abbott se ha comprometido a estudiar la carpeta investigativa y proponer nuevas diligencias que vayan realmente enfocadas en esclarecer que es un asesinato”.
El Fiscal Nacional aseguró en la cita que en Chile se cumple el Estado de Derecho, pero el esposo de Valdés espera ver muestras concretas de esto. Por el momento no existe un plazo puesto por el Ministerio Público para informar su determinación. “Nosotros no somos Luchsinger, por eso no tenemos titulares, por eso llevamos un año y medio peleando por justicia, por eso tenemos que empezar a movilizarnos, porque si fuéramos Luchsinger todos los medios habrían estado desde el principio y habría gente detenida. Como somos mapuches orgullosos de ser mapuches, tratan de ponernos la pata encima”, agregó.
Collío además expresó su molestia por la actitud de la Fiscalía en Panguipulli, quienes buscaron confirmar el metaperitaje de Ravanal en lugar de pedir diligencias en la línea de averiguar quién asesinó a Macarena Valdés.
Por otra parte, señaló que está pendiente una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet, la que ya está solicitada, en la búsqueda de que el Gobierno se haga parte de la querella: “Asesinaron a una mujer por ambiciones económicas, a causa de la instalación de una central, de un cableado, y porque nosotros tuvimos la valentía de oponernos nos asesinan. El Estado tiene que hacerse cargo de esto, porque ellos son los responsables de dar la autorización para que estas empresas se instalen”, dijo.
En la reunión también estuvo la abogada Natividad Llanquileo, quien representa a Collío y señaló que en el Centro de Investigación y Defensa Sur, lugar en que trabajan defendiendo varias causas judiciales relativas al pueblo mapuche, han visto cómo se discrimina a las víctimas cuando son mapuches: “La Fiscalía ya ha intentado cerrar la causa dos veces y de parte de la víctima se tuvo que encargar un peritaje distinto para reabrirla y seguir investigando. No puede ser que la víctima tenga que aportar antecedentes cuando hay un organismo que tiene las herramientas y debería utilizarlas”, sentenció.
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José Tralcal: Los montajes benefician a los fiscales
Después que la Operación Huracán pasara de ser una investigación contra mapuches a una que apunta a Carabineros, el comunero acusado en el caso Luchsinger-Mackay recuerda que las irregularidades investigativas también existen en otros casos.
Maximiliano Alarcón- Domingo 11 de febrero 2018 10:01 hrs.
La máxima de un fallecido periodista y agente de inteligencia británico plantea que una vez es casualidad, dos veces es coincidencia y tres veces es acción enemiga.
Los primeros días de 2018 en nuestro país han estado marcados por el fracaso de la Operación Huracán y hoy los chilenos creen en un montaje de Carabineros para encarcelar mapuches.
Pero este caso, hoy transformado en una investigación contra la policía uniformada, es tan sólo el más reciente dentro del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, antecedido por otros que también contaron con evidentes negligencias investigativas que perjudicaron al pueblo originario, pero que no alcanzaron tal nivel de impacto social ni menos una investigación compleja contra las irregularidades de las instituciones, ni siquiera de un mea culpa de los organismos.
Cada persona que ha sido encarcelada es una historia. José Tralcal Coche no es un nombre mediático a nivel nacional. Es uno de los once acusados del caso Luchsinger-Mackay y si bien no es el que aparece más en la prensa, no tiene conflicto con responder a las preguntas para conocer su caso. Hoy cumple arresto domiciliario en su campo ubicado a casi una hora de Temuco en bus, y dedica su tiempo principalmente a cosechar el maqui que su familia vende posteriormente para sostener la modesta cabaña en la que viven.
Tres escenas en un tribunal
Actualmente Tralcal espera, junto con los otros diez imputados, que el 26 de febrero se realice el nuevo juicio por el caso Luchsinger-Mackay, en el cual está acusado por incendio con resultado de muerte. Está confiado y tranquilo, asegura que él no tiene participación alguna en el ataque al fundo, por lo que cree que el resultado será el mismo del 14 de noviembre de 2017, cuando en primera instancia el Juzgado de Garantía de Temuco determinó la absolución de todos los imputados, situación que duró hasta el 29 de diciembre del año pasado, cuando la Corte de Temuco anuló el juicio.
Al conversar con Tralcal sobre los acontecimientos por la Operación Huracán, no se sorprende. El concepto del montaje contra mapuches es algo de lo que él estaba seguro desde hace años, pero que hasta hace un tiempo parecía ser una idea tan sólo de ellos como pueblo o de algún sector de la izquierda.
El caso que hoy lo tiene con arresto domiciliario total es el tercero en su historia con tribunales. Por la acusación actual estuvo cerca de un año y ocho meses en prisión, desde marzo de 2016 hasta noviembre del año pasado.
Los antecedentes que lo enviaron a la cárcel son conocidos. Es uno de los mencionados en las dos declaraciones de José Peralino -otro de los acusados en la causa-, donde aseguraba la existencia de una reunión en la casa de la machi Francisca Linconao, en la que supuestamente se planificó el ataque al fundo. El testimonio de Peralino, que nunca fue registrado más allá de un texto que fue obligado a firmar, ni siquiera con una grabación de celular, posteriormente fue desacreditado, cuando éste reconoció ante el tribunal que habló bajo amenazas de la Policía de Investigaciones, incluso golpeado al momento en que dijo que contaría la verdad.
Tralcal dice que el que lo acusen en el caso Luchsinger-Mackay es una de las cosas más duras que le ha tocado vivir, puesto que se trata de la muerte de dos personas. Hasta el día de hoy cuestiona que justo el día del ataque al fundo los carabineros no hayan ido a tomar el control de su arresto domiciliario que cumplía en aquel entonces.
Pero anteriormente y por otro caso ya había estado en la cárcel, por cerca de ocho meses y al igual que en la presente investigación, con Ley Antiterrorista aplicada.
“En julio de 2009 era invierno, me acuerdo que hacía frío y estaba oscura esa noche. Parece que estaba lloviendo. Se dijo en las noticias que hubo un atentado en el bypass Temuco, que lo habían hecho los mapuches, lo mismo que pasa ahora con los Luchsinger. Después fue algo similar a lo que pasa ahora, esa vez vino el subsecretario del Interior, que era Patricio Rosende, estuvo con la policía acá y se dijo que tenían plenamente identificados a los autores”, cuenta Tralcal.
El dirigente recuerda que no sabía quiénes eran los responsables, por lo que no había de qué preocuparse. Meses después, un 25 de octubre de 2009, mientras iba camino a un palín en compañía de dos de sus hijos, se encontraron con Carabineros en el camino y fueron detenidos.
Según el relato de la policía uniformada en aquel entonces, existía un testigo que los acusaba a ellos de haber participado del ataque a un vehículo de transporte de la empresa Tur Bus en el sector bypass Temuco, el mismo del que había oído por la prensa.
El testigo, quien tenía identidad protegida por el amparo de la Ley Antiterrorista, aseguraba que los acusados habían recorrido cerca de 30 kilómetros a pie, cargados con motosierras y escopetas para perpetrar el ataque, en tan sólo dos horas. Tiempo después, por un error de la Fiscalía se supo que el supuesto testigo era un delator compensado, posteriormente que en realidad era un agente infiltrado de Carabineros que incluso había recibido instrucción de parte del organismo policial. Su nombre era Raúl Castro Antipán, otra palabra clave en la historia de los montajes contra los mapuches. Finalmente Tralcal fue absuelto en 2013 por este caso.
Antes de estas dos historias ya había pasado por tribunales, aunque en una situación menos compleja en términos penales.
En 2001 hubo un ingreso al fundo Santa Margarita, propiedad del polémico Jorge Luchsinger Villiger. Por aquel caso sí fue condenado, aunque él asegura no haber participado, señalando que incluso hubo declaraciones contradictorias de los carabineros que lo detuvieron en las cercanías del lugar.
Este caso da luces de la desprotección judicial que tenían los mapuches, la que ha ido variando en cierta medida gracias a la creación del Centro de Investigación y Defensa Sur, la Defensoría Penal Mapuche o la iniciativa de abogados particulares como Rodrigo Román. En el caso de 2001 Tralcal fue defendido por José Lincoqueo, uno de los más antiguos defendiendo mapuches. José Tralcal critica que el argumento para enfrentar el juicio fue que el Estado no tenía jurisdicción desde el Biobío al sur, aunque en dicha oportunidad también Lincoqueo exigió la entrega de unas fotografías que portaba la Fiscalía, las que habrían probado que los acusados fueron detenidos fuera del fundo y no en su interior, pero no fueron aceptadas por el tribunal. Fue condenado a tres años de pena remitida, firma mensual y el pago de cerca de un millón de pesos por los daños en el fundo.
Con estos tres casos José Tralcal ha visto el actuar de las policías, pero cree que las responsabilidades no recaen absolutamente sobre ellas. Incluso dice que ha conversado con carabineros que le expresan que deben “hacer lo imposible” para conseguir pruebas.
También la actitud de los políticos le ha llamado la atención en estos contextos. Por ejemplo, sobre el caso Luchsinger-Mackay relata que la noche del 3 de enero de 2013, la noche del ataque al fundo, su hermano Luis, también acusado, se encontró en Temuco con el diputado DC Fuad Chahín, quien los conoce por el historial como dirigentes de los Tralcal. Incluso Chahín le habría relatado de este encuentro al actual diputado electo Andrés Molina, entonces intendente de La Araucanía, quien creía que Luis Tralcal estaba detrás del ataque. El mismo año, según José Tralcal, el congresista de la falange le habría contado la misma historia a él. Pero según el relato, Chahín no habría querido entregar su testimonio en tribunales. Al cierre de esta edición no fue posible contactarse con el parlamentario.
Pero cuando José Tralcal piensa en responsables, el Ministerio Público se le viene a la cabeza. En los dos casos antiguos y en el actual estaba a la cabeza el fiscal Alberto Chiffelle, jefe de Alta Complejidad en Temuco.
“Hoy, cuando el fiscal Arroyo dice que la inteligencia policial no tiene ningún antecedente válido y que es un montaje, es porque lo tocaron a él. No es casualidad que el fiscal Chiffelle y Arroyo sean parte del montaje que nos hicieron a nosotros, sólo que no fue con Carabineros sino que con Investigaciones. Pero en 2009 también estaba Chiffelle. Los que obtienen beneficios con los montajes son los fiscales. Alberto Chiffelle hace el montaje con Peralino, estuvo coordinado con la PDI para hacer un montaje contra mapuches, no cualquiera, sino que buscando gente pensante para poder hacer obstáculos contra la lucha de usurpación de tierras”, dice.
Para José Tralcal, tres veces no son casualidad.
Una vida peleando por los mapuches
Mientras cosecha el maqui, se interrumpe la entrevista por unos segundos por un ave que intenta cazar una gallina, usurpación que José debe repeler con piedras. Con la situación ya en orden, pasa a relatar desde sus primeros años hasta convertirse en dirigente.
Cuenta con orgullo que su lengua natal es la mapuche, que el castellano lo aprendió una vez que entró a estudiar a una escuela. De pequeño un profesor destacó las capacidades de José e instó a la familia a que lo enviaran a un colegio de curas.
Por aquellos años uno de sus ídolos era Pedro de Valdivia y sus hazañas matando indios. “Nunca me dijeron que esos indios eran mapuches”, dice, así como tampoco nunca le enseñaron sobre la “Pacificación de La Araucanía”.
Fue en años posteriores, al pasar a la enseñanza media, cuando se trasladó a Santiago a estudiar gracias a una beca, de 19 a 23 horas, mientras en las mañanas trabajaba en una casa en Las Condes. En este contexto, realizando trabajos de investigación sobre los pueblos indígenas, se dio cuenta que los indios que mataba Pedro de Valdivia eran mapuches que utilizaban las mismas ropas que sus padres. También se percató que él era un perseguido más.
Por las dificultades económicas de sus padres, decidió volver a su tierra para aportar con los conocimientos adquiridos. Además de trabajar, acostumbraba a llevar a su madre a un consultorio por un problema de asma. En este lugar comenzó a vivir en carne propia la discriminación contra los mapuches.
“Cuando los mapuches llegaban con mantas, a veces sucios, la pobreza misma, los funcionarios los veían llegar y se ponían a tomar café, a fumar cigarro, a reírse, mientras el mapuche esperaba hasta una hora. Cuando los atendían les decían que no quedaban horas. Eso me causaba bastante indignación”, cuenta.
En las visitas al consultorio y la molestia que le provocaba, exigió hablar con el director del consultorio pero fue derivado a hablar con el alcalde de Temuco de aquel entonces. Buscando una solución con la autoridad, el dirigente comunal designado por la dictadura vio pasta de líder en José y le ofreció participar en un taller de liderazgo. El entonces alcalde era José García Ruminot, actual senador de Renovación Nacional por La Araucanía.
De ahí en adelante comenzó el camino dirigencial. Colaboró incluso con la campaña del NO, donde trabajó con el actual senador electo Francisco Huenchumilla, convencido de que la Concertación le haría bien al pueblo mapuche, algo de lo que después se volvió escéptico, puesto que vio que eN todos los partidos, incluso el entonces descolgado Partido Comunista, existía la intención de desbaratar la organización mapuche.
Por lo mismo, su camino como dirigente tomó un giro en los años 90 y cree que esto lo vuelve blanco hasta el día de hoy de las policías y el Ministerio Público. En 1995 asumió como presidente de la Comunidad de Aguas Canal Itinento y ahí llevó adelante las gestiones para reparar un canal que les había sido entregado, pero que desde un principio estaba dañado. La constante lucha lo comenzó a marcar, cree. Cuatro años después participó también en las protestas ante la construcción del bypass Temuco, solicitando que la instalación contara con una serie de beneficios para los mapuches. Esto lo llevó incluso a reunirse con Ricardo Lagos cuando era ministro de Obras Públicas.
Después de la primera condena en 2001, en el caso anteriormente mencionado, decidió entrar realmente en la defensa de las tierras, partiendo con las protestas contra la construcción de la represa Ralco.
Pero el punto que indudablemente lo marcó fue en 2008, un día después del asesinato de Matías Catrileo: “Yo fui quien dijo -ahora sí vamos a reclamar la tierra de los Luchsinger-, lo dije a la prensa el 4 de enero de 2008. Desde ese entonces me metí con mayor fuerza a recuperar la tierra, fui el primero en ir a la Conadi a exigir que devolvieran esas tierras, porque era nuestra, de nuestras familias. Nosotros siempre quisimos que nos entregaran el fundo Santa Margarita de Jorge Luchsinger Villiger, pero no sabíamos cuáles eran las líneas a seguir, donde reclamar”, dijo.
Dice que en 2001 le tenía terror a la cárcel, pero que cuando cayó en 2009 ya no tenía miedo, porque sabía que se le perseguía por luchar por sus derechos. Nunca sintió vergüenza y estando recluido los meses siempre estuvieron marcados por la resistencia, especialmente las huelgas de hambre con los presos mapuches en distintas causas judiciales, siendo la de 2010 la más recordada.
Tras los hecho de la Operación Huracán señala: “A mí me queda más claro, no sólo a mí, sino que a la opinión pública, que por estas acusaciones contra los mapuches ya se aclaró la película, ya salió a la luz lo de los montajes que hace la policía, independiente de si es PDI o Carabineros”.
Hoy espera que el fallo en el caso Luchsinger-Mackay nuevamente sea favorable para él y los diez acusados. Además, quiere ver sanciones contra los responsables de los montajes.
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El líder de la CAM recalcó que "estamos contentos por la resolución de hoy, dando cuenta de que la lucha mapuche va a continuar".
Héctor Llaitul: “Quedó establecido el montaje contra el pueblo mapuche”
Por El Dínamo 9 de febrero de 2018
Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), se refirió a la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de sobreseerlo, junto a los demás imputados, en el marco de la investigación de la Operación Huracán.
Llaitul recalcó a radio Cooperativa que lo dispuesto por la justicia deja en evidencia que el caso fue un montaje de Carabineros para incriminar a los comuneros mapuche.
Queremos enviar un saludo principalmente a nuestro pueblo nación y de alguna manera también a la sociedad chilena que acompañó y entendió este proceso. Quedó establecido un montaje en contra del pueblo nación mapuche, lo dijimos desde el primer momento”, expresó.
El líder de la CAM recalcó que “estamos contentos por la resolución de hoy, dando cuenta de que la lucha mapuche va a continuar. Nuestra organización tiene un compromiso férreo y profundo de dar continuidad a los procesos de restitución territorial”.
Por su parte, el Ministerio Público ya anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones, mientras los abogados del Ministerio del Interior, parte querellante en la causa, no exteriorizaron sus pasos a seguir.
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Operación Huracán: Tribunal confirma sobreseimiento
Luego de una extensa jornada, la justicia sepultó la causa contra los comuneros mapuches. A mediodía, el Juzgado de Garantía de Temuco rechazó la solicitud del Gobierno para reabrir la investigación. Más tarde, decidió el sobreseimiento definitivo que habían pedido las defensas.
Diario Uchile- Viernes 9 de febrero 2018 17:13 hrs.
El Juzgado de Garantía de Temuco decidió este viernes el sobreseimiento de los comuneros mapuches involucrados en la llamada Operación Huracán.
Pasadas las 18 horas, el juez Federico Gutiérrez entregó un fallo que suspende la causa contra los ocho involucrados, detenidos en septiembre pasado en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos y acusados de asociación ilícita terrorista y otros delitos.
La determinación fue divulgada luego de una extensa jornada, que se inició a las nueve de la mañana y que terminó siendo un duro revés para el Gobierno.
Pasado el mediodía, el juez Federico Gutiérrez rechazó la solicitud presentada por la Intendencia de La Araucanía para proseguir con la causa.
Previamente, el Ministerio Público había ratificado su postura de no perseverar con la investigación, luego de denunciar la manipulación de las pruebas aportadas por Carabineros.
“El Ministerio Público, en su carácter objetivo de la persecución penal, con los antecedentes que daban cuenta de múltiples anomalías, decide que no teníamos antecedentes para acusar a los imputados ni decir que eran inocentes. El punto medio, de equilibrio, era la decisión de no perseverar”, dijo el fiscal Felipe González.
“La información obtenida de los celulares de los imputados está contaminada y esa contaminación nos impide seguir adelante con la investigación, no es por mero capricho de este fiscal”, añadió.
Durante la audiencia, el abogado de Héctor Llaitul, Rodrigo Román, calificó el caso como “un triste espectáculo entre el Gobierno de Chile y el Ministerio Público” y dijo que “el espectáculo local todos los conocemos: la PDI allanando a Carabineros, éstos se amotinan, después Carabineros persiguiendo a los fiscales. Ahora el Gobierno peleando con los fiscales aquí”.
“Por favor, esto es una comedia”, cuestionó el abogado defensor, quien apuntó además al testimonio de Álex Smith y la creación del programa Antorcha: “Un ingeniero forestal agrícola creó un software de la calidad que lo hacen los israelíes. ¡Vaya! Podría decirles a sus jefes que lo contraten no solo para que trabaje en La Araucanía”.
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Operación Huracán: Juzgado le da la espalda al gobierno y confirma cierre de investigación
The Clinic Online 09 Febrero, 2018
El juez Federico Gutiérrez comunicó esta decisión luego de que la Intendencia Regional solicitara la reapertura del caso. Argumentó que de acoger la petición, se habría afectado la autonomía del Ministerio Público.
Durante la tarde de este viernes, en medio de la audiencia que definirá el futuro de la denominada Operación Huracán, el Octavo Juzgado de Garantía de Temuco confirmó que no acogerá la solicitud del gobierno de reabrir la investigación del caso.
En la jornada, el Ministerio Público le había comunicado al tribunal su intención de no perseverar en la causa, tras detectar que algunas de las pruebas que presentó Carabineros fueron implantadas por personal de Inteligencia de la institución.
Tras atender los descargos de la parte defensora y querellante, el juez de garantía, Federico Gutiérrez, confirmó que el Juzgado no continuará indagando el caso.
De haber acogido la petición del gobierno, argumentó, se habría afectado la autonomía del Ministerio Público.
Antes de conocer esta decisión, el fiscal Felipe González había sostenido que “el Ministerio Público en su carácter objetivo de la persecución penal, con los antecedentes que daban cuenta de múltiples anomalías, decide que no teníamos antecedentes para acusar a los imputados ni decir que eran inocentes. El punto medio, de equilibrio, era la decisión de no perseverar”.
Tras esta deliberación, se discutirá el sobreseimiento definitivo de los imputados, entre los que se encuentra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
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