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| Pablo Gómez y Jorge Abbott, primo del choclo Délano del escándalo Penta |
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Por Mario López M.
El cuestionable actuar de la Fiscalía Nacional en las últimas semanas, en que selló la impunidad de cientos de delincuentes de cuello y corbata y de grandes empresas, todos ligados a casos de cohecho o fraude al fisco, ha pasado casi desapercibido en medio de la temporada estival y el “Huracán” que azotó al país.
De paso se le dio otra estocada al patrimonio nacional al perdonarse a SQM., pues se le habilitó –al no tener juicios pendientes-, para que se apropiara del valioso litio a vil precio. Pero esto no partió ahora, se viene fraguando desde el mismo día en que Jorge Abbott asumió el cargo y Pablo Gómez operó de ministril.
Ya el 25 de octubre de 2015, Cambio21 alertaba sobre equívocas conductas asumidas por el saliente Fiscal Nacional Sabas Chahuán y las pésimas señales que enviaba el recién electo nuevo jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, todas dirigidas a la clase política que estaba siendo duramente cuestionada al descubrirse que por años estaba siendo financiada y pauteada desde los grandes grupos económicos. Las palabras cohecho e impunidad llegaban para quedarse en el imaginario de la ciudadanía.
Abbott era el último de la quina para quedarse con el cargo, hasta que aparecieron dos factores que revirtieron el escenario. Sabas Chahuán reconoció sus tratativas privadas con las defensas de los principales imputados de aquella época y Abbott envió un directo mensaje de que el perdonazo iba, más temprano que tarde, impunidad de que gozarían justamente muchos de los mismos que eran sus electores. Unanimidad fue el resultado.
No se negoció, pero…
“Es enteramente falso que yo haya negociado para conseguir votos para el fiscal Abbott (…) lo que sí hay son conversaciones permanentes con las defensas del señor Novoa, del señor Cardemil y del señor De Mussy”, confesó Sabas Chahuán (en la foto). No fue lo único que dijo: “Hemos conversado respecto de procedimientos abreviados con varias defensas y también respecto de salidas alternativas con varias defensas”, remató.
Las conversaciones en medio de negociaciones para convencer a todas las bancadas de aprobar el nombramiento de Abbott, solo las conocen Chahuán y quienes intervinieron en ellas. Reuniones privadas, por cierto, habituales entre abogados y persecutores, pero que esta vez tenían un ingrediente distinto, estaba en juego la fe pública. Un actuar al menos poco prudente. “Es una bajeza”, respondió Chahuán frente a los cuestionamientos.
Las palabras de Abbott pronunciadas antes de ser electo en el cargo y cuando no tenía aún los votos suficientes, fueron un bálsamo que facilitó la elección. Envió un claro mensaje a la clase política cuestionada por casos de corrupción, durante un foro universitario: Allí Abbott aseguró que los delitos investigados en el caso Penta y SQM, no tenían una trascendencia mayor desde el punto de vista penal. Era casi la lápida que hacía retroceder la necesaria transparencia que el país demandaba. Abbott, primo de Carlos “choclo” Délano, esbozaba lo que sería el radical cambio de la fiscalía. Impunidad.
Camino a la impunidad
En la foto: Norambuena, Chahuán, Gajardo y Arias
En paralelo al fiscal Carlos Gajardo y su equipo –como lo denunció múltiples veces Cambio21-, se le seguían reduciendo sus atribuciones. El 11 de diciembre de 2015 Abbott, en un golpe de audacia, sacó al fiscal, Gajardo de la arista SQM y se la entregó al fiscal Pablo Gómez, que entraba en escena. Se trataba de un cuestionado personaje ligado a la derecha dura en sus tiempos universitarios. El abogado Mauricio Daza dijo a Cambio21 que la designación de Pablo Gómez era un “error garrafal de Jorge Abbott. A Gómez se le critica por ser marido de la ex ministra de Justicia de Piñera, Patricia Pérez, y por ser ‘una persona históricamente muy cercano al ex presidente Piñera’”, dijo Daza.
No pasaron dos meses y otro persecutor, Emiliano Arias que aún era parte del grupo que investigaba a SQM y cercano a Gajardo, terminaba renunciando a formar parte del equipo por “diferencias insalvables” con Pablo Gómez en el modo de enfrentar las causas de corrupción. Se le imputaba a Gómez que quería terminar rápido con las mismas ofreciendo salidas alternativas y suspensiones condicionales a diestra y siniestra, a pesar de existir querellas criminales que el SII había interpuesto nominativamente.,
El mismo Gajardo, ya desplazado de SQM se veía superado por otro fiscal, Manuel Guerra. “Fue un retroceso ‘importante’, ‘desmantelaron’ el equipo que llevó hasta este punto la causa de SQM, sustituyendo a estos fiscales con personas que no tenían competencias para llevar causas complejas como estas. El fiscal Guerra tampoco tiene una trayectoria de llevar causas de delitos tributarios con éxito”, aseguró Daza a nuestro medio. Grandes empresas que financiaron ilegalmente, aparte de Penta y SQM estaban individualizadas y confesas (incluso con rectificaciones expresas de las platas truchas). Políticos cuyas pruebas irrefutables –correos electrónicos, grabaciones e incluso confesiones-, ameritaban sanción. Miles de “boleteros” descubiertos casi en flagrancia veían cercana la salida, la impunidad.
Faltaba solo el golpe de gracia
Pero aún seguían al interior del organismo estos personajes que no parecían dispuestos a renunciar a las investigaciones y enviar a la justicia a los corruptos. Había que separarlos y callarlos y así se hizo. A Arias lo enviaron fuera de Santiago y sin acceso a las causas importantes en que había trabajado, de hecho se le quitó la última, las pesqueras, al dar a conocer que aparte de Corpesca estaba casi toda la industria y que habían influenciado seriamente en la dictación de leyes que les favorecieran. Sumario y Arias fuera del caso, determinó Abbott. Si incluso había tenido “el atrevimiento” de sugerir que Ponce Lerou podría ser formalizado.
Para preparar la “salida final”, era necesario que estos fiscales callaran y no denunciaran lo que era un secreto a voces al interior de la Fiscalía. Se estaba negociando con Patricio Contesse –exgerente de SQM y quien hasta ese momento mantenía silencio acerca de las acusaciones de cohecho-, una salida que permitiera a su vez el perdonazo final a la clase política, empresas, operadores y boleteros. En diciembre de 2017 Abbott dispuso la llamada “Ley Mordaza”, llamada así por el propio gremio de los persecutores. Evitaba que se pusiera en riesgo la operación salvataje a SQM y a la clase política asociada a la corrupción. Limitó las declaraciones de los fiscales sobre casos de connotación nacional, además de acusar de “corrupción” a quienes filtraran información a terceros.
En paralelo y en diciembre pasado tres episodios se desarrollaban entre gallos y medianoche. Corfo llegaba a un acuerdo con SQM que ponía fin al juicio arbitral y de paso le entregaba la explotación hasta 2030, aumentando la explotación, del litio a la empresa de Ponce Lerou. A su vez, Gómez se desistía de perseguir a SQM y le entregaba una burda salida alternativa, renunciado de paso a perseguir 58 emblemáticos casos de corrupción. Faltaba la tercera. Guerra (en la foto) también ofreció salida alternativa al desaforado senador de la UDI Iván Moreira, confeso en el tema de financiamiento ilegal.
La estocada final
Estaba consumada la impunidad. Como en una torre de cartas, se había sacado la que era sostén al resto y todo se desplomaba. En derecho se aplica una máxima: donde hay una misma situación, debe haber una misma solución. No es sino la expresión de la igualdad ante la ley, que exige que se trate de la misma manera a aquellos casos que coinciden en todas sus propiedades relevantes. Gajardo y el otro persecutor parte del equipo sobreviviente, Pablo Norambuena, entendieron que si se ofrecía a SQM y Moreira salir indemnes en materia penal y se renunciaba a perseverar en los otros 58 casos, ya no habría razón para que el millar de implicados en casos de corrupción no exigieran los mismos derechos.
Quedarse en el Ministerio Público no era sino que avalar el perdonazo y la renuncia a ejercer los deberes que ellos habían consagrado como principios. Poner fin a la corrupción e investigar y sancionar a quien resultara responsable. Solo quedaba la renuncia y la presentaron. Ni Gómez ni Abbott se lamentaron de ello. “Se ha impuesto pírricamente la postura de no intentar obtener una sanción penal proporcional a la gravedad de los hechos para personas respecto de las cuales existe fundamento serio para presentar acusación en su contra”, se lamentaron los persecutores.
“Acá no existe la voluntad de investigar toda la verdad de lo sucedido. Desde que Pablo Gómez es designado hace dos años como la persona a cargo de la investigación -reemplazando sin ninguna explicación a Emiliano Arias, que era un fiscal que había manifestado su voluntad de llevar esto a juicio y profundizar la investigación- lo que se ha hecho es desmantelar el caso. Lo que se ha hecho es decir ‘Mire, a usted lo descubrimos sobornando a las más altas autoridades de la República para obtener un régimen tributario más favorables para usted, que logró conseguir por esta vía ilícita. Usted me paga una multa, pero el régimen tributario, obtenido ilícitamente, se va a mantener en el tiempo'”, señaló Daza a nuestro medio.
Contesse la hace de nuevo
En la foto: Julio Ponce Lerou junto a Patricio Contesse
Durante años en su calidad de gerente general de SQM determinó a qué políticos, a cambio de qué y cuánto le entregaría en dinero. Soquimich operó como transversal caja pagadora y se ha visto involucrada no solo en graves casos de fraude tributario si no que sobre todo, de cohecho. Y esta es justamente la piedra de tope que le queda al complaciente fiscal Gómez para sellar la impunidad.
Patricio Contesse, que ha guardado silencio hasta diciembre pasado cuando negoció con Gómez una salida para la empresa y para él –y de paso para los políticos involucrados-, ha comenzado a declarar. De hecho, el acuerdo vía juicio abreviado que implicaría que en caso alguno iría a la cárcel, pasa justamente por reconocer delitos determinados. Ya advirtió a través de su abogado Samuel Donoso, que no reconocerá la figura de pago de sobornos, a lo más los delitos tributarios.
La implicancia de ello es que al no acreditarse el soborno varios de los acusados de cohecho, Pablo Longueira entre ellos, terminarían beneficiándose, aunque podrían ser condenados por otros delitos. “Patricio (Contesse) ha dicho estar dispuesto a reconocer ciertos delitos tributarios como el pago de facturas y boletas que no tenían por fin el giro de la empresa –facturas y boletas ideológicamente falsas-, pero en caso alguno las acusaciones de cohecho al ex senador UDI Pablo Longueira”, señaló una fuente bien informada a nuestro medio.
De Contesse, formalizado hace casi tres años en abril de 2015, pende el futuro de unos treinta políticos y boleteros que de acuerdo a sus dichos podrían verse beneficiados por la generosidad de Pablo Gómez, quien se ha “contentado” con el perdonazo a SQM: “hemos estado avanzando como equipo, hemos logrado condenas importantes, hemos logrado salidas alternativas cuando estas han sido la mejor salida posible dentro la causa. Estamos muy satisfechos y creemos que hemos actuado con éxito en la investigación”, dijo, aunque el CDE opina muy disto al igual que los demás querellantes.
Julio Ponce Lerou, indemne
Jamás fue citado a declarar, a pesar de ser el mayor accionista y controlador de la empresa depredada al Estado que más dinero repartió entre políticos y que la empresa, formalizada, fue acusada de cohecho a funcionarios públicos. A diferencia de Penta, que solo financió preferentemente a candidatos de la UDI y de paso a algunos de RN, Soquimich logró permeabilizar a vastas esferas políticas. No solo candidatos al Congreso, sino que además “colocó” dineros en pre campañas de candidatos presidenciales en donde también hubo quienes obtuvieron dineros al margen de la ley. Y lo peor, casi de todo el espectro político.
Se imputa que desde SQM se sobornó a un exsubsecretario de la administración Piñera para adjudicarse de manera ilícita la licitación de la explotación del litio. A pesar de ello se le entrega una mayor cuota de explotación del litio y por más tiempo, como premio. No se investiga y se llega a acuerdo que libera a la empresa de todo cargo, que no sea arreglable con dinero. Menos se investiga si derechamente se trató de corromper a funcionarios públicos para que estos “pasaran” por alto el incumplimiento de requisitos por parte de la empresa y así quedarse con una de las riquezas más valiosas del país.
Se les imputa que con su dinero hicieron olvidar a algunos que provenía de una empresa saqueada al Estado y de manos del yerno del dictador. ¡Qué tremenda desilusión que el afán por poder hiciera que a algunos no les importara el origen de las platas malparidas! Que un tercio del Congreso se encuentre salpicado por la sospecha es una afrenta a la memoria histórica, a la de los que dieron su vida por la democracia, a los torturados, a los abusados a los más pobres del país.
¿Y Ponce Lerou? Bien, gracias y a punto de vender su participación –con los contratos de explotación del litio incluidos-, a intereses chinos.
La Conjura
Jorge Abbott
La disputa del Ministerio Público con Carabineros no es la primera desavenencia con otra institución del Estado en la era Abbott. El financiamiento ilegal de la política marcó otro conflicto de proporciones que también ayudó a la impunidad. La Fiscalía alegó que no podía formalizar a políticos, operadores, empresas que compraron favores de parlamentarios y a boleteros, porque el Servicio de Impuestos Internos no se querellaba nominativamente.
Claro que esta fue una particular lectura del dúo Abbott y Gómez, porque hasta esa fecha el SII se querellaba en términos genéricos “en contra de quienes resulten responsables” y, si en el curso de la investigación algunos aparecían, se entendía por los tribunales que se daba lugar a la formalización.
Y empezó el tira y afloja entre el SII y la Fiscalía. El primero se afirmaba en que el “contra quienes resulten responsables” era suficiente y el Ministerio Público reclamaba que no podía hacer nada si no había una exclusiva querella que designara específicamente al imputado. El resultado quedó a la vista, empezaron a prescribir una a una las causas y a quedar libres los presuntos inculpados. Por eso los 58 últimos desistidos por la Fiscalía lo es por prescripción. Lo que no dicen es por qué prescribió si tenían todas las herramientas para evitar que ello sucediera.
Lo paradojal es que hubo varios políticos respecto de los cuales se les formalizó sin necesidad de querella en la época de Chahuán. ¿Qué cambió? Nada, solo la voluntad política de la Fiscalía de investigar y eventualmente sancionar. Abbott fue claro: “se cerrarán las causas si no hay querellas del SII”. Ambas instituciones se lanzaron la pelota y nadie se hizo cargo del desaguisado, salvo nuestro país, por supuesto y su imagen internacional de corrupción.
Lo que nunca se investigó
Aparte de políticos, operadores y boleteros, un importante sector quedará fuera de toda investigación, gracias a la movida del dúo Abbott y Gómez. Se trata de las empresas que financiaron transversalmente a políticos y cuyos nombres se conocieron pero no indagaron. Incluso que reconocieron el ilícito actuar al rectificar ante el SII los dineros truchos, pero que terminaron impunes.
No se investigó, por ejemplo, qué hacía En tres de los directorios de empresas involucradas en hechos de financiamiento ilegal, existió un factor común, en Soquimich, Corpbanca y Alsacia, Juan Antonio Guzmán era un brillante director. Otro elemento que los vincula, es que estas tres empresas, junto a Ripley y Penta, son quienes, hasta ahora, están detrás de los más grandes casos de financiamientos truchos respaldados por facturas y boletas falsas. Las tres sociedades que estuvieron bajo la atenta mirada de los fiscales Carlos Gajardo y Sabas Chahuán, hoy no son investigadas.
Tan claro era, que Gajardo envió un informe al SII, que daba cuenta de diversos testimonios, boletas y facturas que daban presentaban irregularidades e ilícitos similares a las de Penta y que podrían alcanzar a otras empresas. Así se inició la investigación que por ahora tiene como segundo actor a SQM, vinculado a través de María Carolina de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, el exsubsecretario de Sebastián Piñera y a Laurence Golborne, uno de los beneficiados con el financiamiento ilegal.
Las empresas mencionadas en el oficio eran, entre otras, Alsacia, CorpBanca y Soquimich. También aparecieron los nombres de Aguas Andinas, Eurocorp S.A, Inversiones El Bosque S.A., las empresas de Angelini, las del grupo Said, entre ellas Inversiones Caburga e Inversiones Newport¸ Inversiones CB, Inversiones Santa Cecilia, Comercial Los Lagos, Sigdo Koppers, Fundación Futuro, Inversiones Ilihue, Bancard,m Bancorp y un largo etcétera.
Miles de millones de pesos, miles de facturas y boletas falsas, cientos de individuos que las facilitaron y recibieron plata a cambio con la devolución del impuesto, muchos millones que los empresarios descontaron de sus rentas, un río de dinero sucio que atravesó al país por años y que queda en la más absoluta impunidad. Los políticos, lo nieguen o no, se enriquecieron, asegura el diputado Gabriel Boric: “Yo creo que sí. Se han esforzado en decir que esa plata no fue para enriquecimiento personal, pero si los empresarios te financian la campaña es enriquecimiento, porque se gastaron esa plata en obtener un cargo que te da privilegios de aquí en adelante”.
Valdría no pasar por alto que con el perdonazo se deja fuera de sanción al operador político de Sebastián Piñera en la campaña anterior, Santiago Valdés y que no es lo único que favorece a ese sector, pues también no se investigó en los casos Dominga, Exalmar, coimas de Lan en Argentina y algunas minucias más. En Chile los delitos de cuello y corbata, no pagan, pareciera ser la norma.
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